TEXTO CONSOLIDADO

PREÁMBULO

1. Las administraciones públicas y las instituciones y los organismos públicos en general tienen funciones, actividades y servicios para cumplir fines de interés público en beneficio del conjunto de los ciudadanos.

En un contexto de estado democrático y de derecho, todos los poderes públicos tienen la legitimidad que les da la participación ciudadana en su configuración (de forma directa o indirecta), lo que obliga a dar cuenta a la ciudadanía, de acuerdo con el principio de responsabilidad, de su actividad y de la gestión de los recursos públicos que se han puesto a su alcance.

Las exigencias de la actuación de las administraciones con pleno sometimiento a la ley han sido objeto de atención por parte del legislador desde hace años, para garantizar el cumplimiento del principio de legalidad y la posibilidad de que los ciudadanos dispongan de mecanismos de protección para la tutela de sus derechos e intereses. La lucha contra las inmunidades del poder ha sido especialmente eficaz en este ámbito con la adopción de medidas legislativas que permiten controlar la sujeción a la ley y al derecho de la actividad administrativa.

Sin embargo, no es posible hacer esta constatación sobre otros aspectos esenciales de la organización y el funcionamiento de la Administración pública, que inciden directamente sobre su calidad democrática en tanto que afectan el conocimiento por parte de la ciudadanía de los datos y de la información de que disponen las administraciones y los poderes públicos, que son determinantes para su toma de decisiones y que los ciudadanos también deben conocer para poder evaluar las actuaciones públicas y garantizar un ejercicio del poder público responsable.

Desde esta perspectiva, adquieren especial relevancia principios como son el de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como principios básicos que permiten evaluar la calidad democrática del funcionamiento de las administraciones públicas. Y también la tiene el de gobierno abierto, como concepto que permite aprovechar las ventajas de los medios electrónicos para configurar un sistema de relaciones entre las administraciones y la ciudadanía más interactivo y más participativo.

Estos principios no han sido objeto hasta ahora de un tratamiento legal claro y definido que comporte su traducción en derechos y obligaciones jurídicas. Por esta razón, era necesario que el Parlamento asumiera este reto para dar respuesta a una demanda social que cada vez exige una mayor transparencia sobre el funcionamiento de las administraciones y los procesos de toma de decisión, incluyendo el reconocimiento de un derecho amplio de acceso a la información pública, así como una mayor participación en la toma de decisiones.

Esta ley quiere dar cumplimiento a esta demanda social mediante la concreción y el desarrollo de estos principios, con voluntad de extender su ámbito de aplicación a todos los organismos públicos de Cataluña, tengan o no carácter administrativo. Al mismo tiempo, el establecimiento de unos derechos y unas obligaciones jurídicas correlativas obliga también a protegerlos con unos mecanismos de garantía que la misma ley establece, para que no queden como meros principios programáticos.

2. La Ley tiene como principal ámbito subjetivo de aplicación las administraciones públicas de Cataluña, noción que incluye la Administración de la Generalidad y los entes locales, así como todos los organismos y entidades de naturaleza administrativa dependientes o vinculados a estas administraciones.

Sin embargo, dada la diversidad de las organizaciones administrativas y el hecho cada vez más extendido que actividades públicas o de interés público sean desarrolladas por agentes privados, la Ley también amplía su ámbito aplicativo a las personas privadas que ejercen estas actividades, sin perjuicio de que en estos casos el cumplimiento de las obligaciones de transparencia e información se haga efectivo a través de las administraciones públicas responsables del servicio o de tutelarlo. Desde esta perspectiva privada, el ámbito de aplicación de la Ley se extiende también a las organizaciones, asociaciones y fundaciones los ingresos de las que provienen de manera significativa de subvenciones o ayudas públicas, así como la regulación del Registro de grupos de interés con el fin de que los ciudadanos puedan identificar a las personas que actúan como tales y conocer las relaciones que tienen con la Administración en defensa de intereses concretos, así como las reglas éticas a las que deben ajustarse el comportamiento .

Finalmente, cabe destacar que la Ley desarrolla también sus efectos sobre todas las demás instituciones públicas que no son administraciones públicas en la parte que hacen funciones administrativas por razón de su funcionamiento o en los aspectos institucionales respecto de los cuales se considera también exigible un deber de transparencia e información, sin perjuicio de la autonomía organizativa y de funcionamiento que les reconoce la Ley. En cuanto al Parlamento, una disposición adicional específica establece que, de acuerdo con el principio de autonomía organizativa que le reconoce el artículo 58.1 del Estatuto de autonomía, deberá hacer las adaptaciones necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley, sin esto pueda comportar en ningún caso un régimen de garantía inferior para los ciudadanos.

3. La regulación de la transparencia en la actividad pública es uno de los pilares básicos de la Ley. Esta regulación entiende la transparencia como una obligación a cargo de la Administración, que debe facilitar de forma proactiva, es decir, sin necesidad de demanda expresamente la información sobre datos y contenidos de diversa naturaleza que son referenciales respecto de su organización , funcionamiento, toma de decisiones más importantes y la gestión de los recursos públicos. De esta manera se da cumplimiento al mandato del artículo 71.4 del Estatuto de autonomía, que obliga a la Administración de la Generalidad a hacer pública la información necesaria para que la ciudadanía pueda evaluar la gestión.

La Ley determina de una manera muy amplia los diversos contenidos de la obligación de transparencia (información institucional y organizativa, gestión económica y presupuestaria, información de relevancia jurídica, programación y planificación, contratación pública, actividad subvencional, etc.), y las reglas a las que queda sometida, especialmente aquellas que tienen que garantizar su fácil acceso, consulta y comprensión, su neutralidad, su actualización, así como los límites que derivan de la protección de otros derechos.

Requiere una mención especial la creación del Portal de la Transparencia, que es el instrumento básico y general para facilitar a la ciudadanía la información de forma integrada de todas las administraciones públicas. Este portal se configura como una plataforma electrónica de publicidad en internet, que permite el acceso a toda la información disponible y que contiene los enlaces con las sedes electrónicas de las administraciones y entidades integradas.

4. El acceso a la información pública constituye el segundo eje básico de la Ley. La regulación que introduce la Ley modifica sustancialmente el régimen vigente hasta ahora en esta materia, hasta el punto de convertir este acceso en un verdadero derecho subjetivo que tienen todas las personas de acceder a la información pública, entendida ésta en sentido amplio, como toda aquella que ha sido elaborada por la propia Administración y también aquella que tiene en su poder como consecuencia de su actividad o el ejercicio de sus funciones.

El derecho de acceso es un derecho que complementa la información que el ciudadano puede obtener por vía de la transparencia. Sin embargo, dada su configuración como derecho subjetivo, la Ley regula las condiciones de su ejercicio, el cual se verifica mediante un procedimiento específico que intenta garantizar al máximo posible su efectividad. En este sentido, se establece el principio de interpretación restrictiva de sus límites, de acceso parcial a ser posible, de ausencia de interés y de motivación en la demanda de acceso, y el silencio positivo en el caso de falta de resolución dentro de plazo.

En este caso tiene una relevancia especial el sistema de garantías que establece. Ante el régimen ordinario de los recursos administrativos, la Ley ha optado por un procedimiento ad hoc de reclamación, que se basa en la creación de un órgano independiente y profesionalizado, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, que será el encargado de resolver los conflictos y configurar al mismo tiempo una línea doctrinal sobre la aplicación de los límites que pueden excluir o restringir el derecho de acceso. La Ley determina que esta comisión pueda adoptar sus decisiones en forma de resolución o bien mediante acuerdo de mediación, si las partes en conflicto así lo piden y lo aceptan.

En cuanto a los límites que pueden condicionar el derecho de acceso a la información pública, la Ley les determina de manera objetiva, atendiendo siempre a la protección de otros derechos o intereses que hay que preservar de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Obviamente, en la mayoría de los casos la Ley debe utilizar conceptos jurídicos indeterminados para expresarlos, pero una posible extralimitación en su aplicación puede ser compensada en este caso por la intervención de la comisión independiente encargada de resolver las reclamaciones.

5. El desarrollo de la actividad política y administrativa pone de relieve la existencia de personas y organizaciones que, de manera lícita, llevan a cabo actividades susceptibles de influir en la elaboración y aplicación de las políticas públicas en beneficio y interés de otras personas u organizaciones.

Esta es una realidad que no se puede evitar, pero sí se puede hacer más transparente mediante la adopción de medidas legales. En este sentido, la Ley crea el Registro de grupos de interés, con el fin de dar conocimiento público de las personas que realizan la actividad de influencia o intermediación, y establece las obligaciones a las que están sujetos los grupos de interés , entre las que destacan la de aceptar y cumplir un código de conducta que debe asegurar que la actividad desarrollada ante las autoridades, los cargos públicos y los funcionarios respete siempre el marco legal.

6. Una sociedad democrática y la necesidad de que los intereses públicos sean servidos con objetividad, neutralidad e imparcialidad obliga a que el comportamiento de los servidores públicos, especialmente los altos cargos, se ajuste a unos parámetros que garanticen el cumplimiento de estos principios.

En este sentido, la Ley establece los principios de buen gobierno que deben hacerlo posible, los cuales deben ser desarrollados mediante códigos éticos y de buena conducta. El establecimiento de estos códigos se complementa con el principio de publicidad de las actividades, bienes e intereses de los altos cargos y la obligación de observancia del régimen de incompatibilidades. Otra medida destacable es la obligación de dar publicidad a los criterios de acuerdo con los que se designan los altos cargos, atendiendo a su competencia, cualificación y experiencia profesional. Estos requerimientos están en sintonía con las políticas de lucha contra la corrupción impulsadas por la Unión Europea y países de nuestro entorno.

El concepto de buen gobierno se proyecta también sobre los requerimientos objetivos que deben darse para que la actividad pública se lleve a cabo en las mejores condiciones y garantice unos servicios públicos de calidad. Una buena administración requiere el establecimiento de unos estándares mínimos de calidad y una definición clara de las condiciones de acceso a los servicios y de los derechos y deberes de los usuarios y de la Administración. La figura de las cartas de servicios se establece como un instrumento esencial en este sentido, y se configura con valor reglamentario a los efectos de su vinculación y exigencia de cumplimiento. Las medidas de buena administración se complementan con el establecimiento de un sistema de evaluación permanente de los servicios y con el reconocimiento del derecho de la ciudadanía de formular propuestas y sugerencias.

También cabe destacar, por su importancia, las medidas de simplificación normativa y participación en la elaboración de disposiciones reglamentarias, participación que incorpora el derecho de proponer iniciativas de regulación. La simplificación debe tener un doble objetivo según la Ley: por un lado, evitar la proliferación innecesaria de regulaciones y, por otro, hacer una tarea de consolidación normativa que ordene y facilite el conocimiento del derecho vigente. El establecimiento de mecanismos de evaluación de la aplicación de las normas debe contribuir también a esta tarea de simplificación.

7. La facilidad de interrelación entre la Administración y la ciudadanía que favorecen los medios electrónicos permite aplicar el gobierno abierto, entendido como un sistema de actuación y gestión de los asuntos públicos que hace posible un diálogo permanente entre la Administración y los ciudadanos , la participación y la colaboración de estos en la definición de las políticas públicas y una mejor transparencia en la rendición de cuentas y la exigencia de responsabilidades.

La Ley establece diversas medidas para fomentar el gobierno abierto y para garantizar su efectividad, especialmente en cuanto al derecho de los ciudadanos de presentar propuestas y hacer sugerencias, con la obligación de de Administración de darles una respuesta motivada, así como la obligación de establecer procedimientos participativos en la definición de las políticas públicas de más relevancia. Sin embargo, con respecto a los instrumentos concretos de participación ciudadana, hay que tener presente que su regulación debe ser uno de los contenidos de la Ley que desarrolla el artículo 122 del Estatuto y también de la normativa sectorial reguladora de las diferentes actividades públicas .

8. Las novedades que incorpora la Ley con relación al marco jurídico vigente, en los diferentes ámbitos que regula, y la naturaleza de sus disposiciones plantean la necesidad de establecer unos mecanismos de garantía para reforzar su contenido jurídico y obligacional. Sin un sistema de garantías habría el riesgo de convertir la Ley en una declaración de principios o buenas intenciones, debido al carácter innovador de la Ley, que hace que la normativa vigente no pueda dar una respuesta adecuada a este requerimiento, en perjuicio de la eficacia de la norma.

Por esta razón, la Ley establece un régimen administrativo de recursos y reclamaciones, prevé la intervención del Síndic de Greuges y de la Oficina Antifraude de Cataluña y, de manera especial, incorpora un régimen sancionador detallado y preciso que cumple en este ámbito la función que el derecho sancionador administrativo, el único sobre el que tiene competencia la Generalitat, cumple con relación a otras regulaciones administrativas.

El sistema de garantías se completa con el establecimiento de un procedimiento de evaluación externa del cumplimiento de la Ley, que se encarga a una institución independiente como es el Síndic de Greuges. Esta tarea evaluadora se hace mediante un informe general anual, sin perjuicio de los informes específicos que se puedan hacer con relación a organizaciones concretas o ámbitos materiales concretos.

La determinación expresa que contiene el título IX sobre las medidas que la Generalitat debe adoptar para aplicarlas de manera efectiva contribuye también a facilitar y garantizar el cumplimiento del nuevo marco legal.

Cabe señalar también que el régimen de entrada en vigor de la Ley quiere conciliar el cumplimiento de las expectativas que genera la aprobación del nuevo marco legal con la necesidad de que los sujetos obligados dispongan del margen de tiempo imprescindible para adoptar las medidas necesarias para poder cumplir las obligaciones que la Ley les impone. Así, el plazo de entrada en vigor se fija en seis meses, salvo en el caso de la Administración local, en el que se amplía a un año con respecto al título II. En cuanto a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, la Ley establece que debe ser designada en el plazo de cuatro meses.

9. Con esta ley, en definitiva, se pretende introducir un cambio en la cultura administrativa para que la ciudadanía pueda tener un conocimiento y una información amplia de la organización interna de la Administración, de los elementos más determinantes de acuerdo con los que toma las decisiones y de los motivos que justifican su actuación, incluyendo los compromisos económicos que ello conlleva.

La transparencia y el derecho de acceso a la información pública se consolidan así como herramientas determinantes del control social de la Administración y de su actividad, en beneficio de una mayor calidad democrática.

Por otra parte, las medidas de buen gobierno y de gobierno abierto deben cumplir el doble objetivo de alcanzar el mayor grado de exigencia en el cumplimiento de las obligaciones de servicio público por parte de las personas que asumen esta responsabilidad, de un lado, y favorecer una mayor participación y compromiso de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas, por otro.

Esta ley también tiene la voluntad de ser la norma referencial en las materias que regula. Por esta razón, aunque no tiene un rango normativo especial, el mismo legislador ha querido enfatizar esta voluntad mediante una disposición que define de manera expresa el carácter transversal y de común denominador normativo de la Ley, así como el principio de interpretación conforme con su contenido respecto de otras leyes más sectoriales, a menos que éstas establezcan excepciones claras y expresas en sentido contrario.

TÍTULO I

disposiciones generales

artículo 1

Objeto de la Ley

1. Esta ley tiene por objeto:

a) Regular y garantizar la transparencia de la actividad pública.

b) Regular y garantizar el derecho de acceso de las personas a la información y la documentación públicas.

c) Establecer los principios y las obligaciones de buen gobierno de acuerdo con los que deben actuar los altos cargos, el personal al servicio de la Administración y demás personas a las que es aplicable esta ley.

d) Aplicar el gobierno abierto y fomentar la participación y la colaboración ciudadanas.

e) Regular el régimen de garantías y responsabilidades por el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por esta ley.

2. La finalidad de esta ley es establecer un sistema de relación entre las personas y la Administración pública y los demás sujetos obligados, fundamentado en el conocimiento de la actividad pública, la incentivación de la participación ciudadana, la mejora de la calidad de la información pública y de la gestión administrativa y la garantía de la rendición de cuentas y de la responsabilidad en la gestión pública.

artículo 2

definiciones

A los efectos de esta ley, se entiende por:

a) Transparencia: la acción proactiva de la Administración de dar a conocer la información relativa a sus ámbitos de actuación y sus obligaciones, con carácter permanente y actualizado, de la manera que resulte más comprensible para las personas y por medio los instrumentos de difusión que les permitan un acceso amplio y fácil a los datos y los faciliten la participación en los asuntos públicos.

b) Información pública: la información elaborada por la Administración y la que ésta tiene en su poder como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones, incluida la que le suministran los otros sujetos obligados de acuerdo con lo establecido en esta ley.

c) Derecho de acceso a la información pública: el derecho subjetivo que se reconoce a las personas para solicitar y obtener la información pública, en los términos y condiciones regulados por esta ley.

d) Buen gobierno: los principios, las obligaciones y las reglas sobre la calidad de los servicios y el funcionamiento de la Administración, y los principios éticos y las buenas prácticas de acuerdo con los que deben actuar los altos cargos de la Administración, los cargos directivos y demás personal al servicio de la Administración, con el objetivo de que ésta funcione con la máxima transparencia, calidad y equidad, y con garantía de rendición de cuentas.

e) Gobierno abierto: las medidas para establecer una relación y un diálogo permanentes y bidireccionales entre la Administración y las personas a la hora de definir y aplicar las políticas públicas, y para introducir y desarrollar instrumentos de participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos.

f) Administración pública: las administraciones públicas y los organismos, los entes públicos y los entes instrumentales del sector público y entidades vinculadas con la Administración a que se refiere el artículo 3.1. a, b, y c, y los demás organismos e instituciones públicas comprendidos en el artículo 3.1. b.

g) Grupos de interés: las personas físicas o jurídicas de carácter privado que realizan actuaciones de participación activa en políticas públicas o en procesos de toma de decisiones en Cataluña con el fin de influir en la orientación de estas políticas en defensa de un interés propio o de terceros, o de un interés general.

h) Sujetos obligados: todas las personas físicas o jurídicas respecto de las que esta ley impone deberes y obligaciones.

e) Publicidad activa: el deber de los sujetos obligados de hacer públicos, de oficio, los contenidos de información pública que determina el capítulo II del título II.

artículo 3

Ámbito de aplicación

1. Esta ley es aplicable:

a) A la Administración de la Generalidad y los entes que integran la Administración local en Cataluña.

b) A los organismos y entes públicos, las sociedades con participación mayoritaria o vinculadas, las fundaciones del sector público, las entidades de derecho público dependientes o vinculadas con las administraciones a que se refiere la letra a, las entidades de derecho público que actúan con independencia funcional o con una autonomía especial reconocida por ley que ejercen funciones de regulación o supervisión externa sobre un determinado sector o actividad, las instituciones de la Generalitat a que se refiere el capítulo V del título II del Estatuto de autonomía, los colectores colegios profesionales y las corporaciones de derecho público en lo que afecta el ejercicio de sus funciones públicas y los consorcios u otras formas asociativas y sus entes vinculados y sociedades mercantiles en las que participa de forma mayoritaria alguna de estas administraciones.

c) En las universidades públicas de Cataluña y los entes dependientes o vinculados o participados, incluidas las sociedades mercantiles, fundaciones y otros entes instrumentales.

d) A las personas físicas o jurídicas que ejercen funciones públicas o potestades administrativas, que prestan servicios públicos o que perciben fondos públicos para funcionar o para llevar a cabo sus actividades por cualquier título jurídico.

e) A las personas físicas o jurídicas que realizan actividades calificadas legalmente como servicios de interés general o universal.

f) A los grupos de interés, en los términos establecidos en el título IV.

2. En los casos del apartado 1. d y e, el cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley debe hacer efectivo la Administración responsable. A tal efecto, las personas y entidades privadas deberán informar a la Administración de las actividades directamente relacionadas con el ejercicio de funciones públicas, la gestión de servicios públicos y la percepción de fondos públicos, y de las actividades que queden dentro de la supervisión y el control de la Administración en el caso de servicios de interés general o universal. También deben informar de las retribuciones percibidas por los cargos directivos si el volumen de negocio de la empresa vinculado a actividades llevadas a cabo por cuenta de las administraciones públicas supera el veinte y cinco por ciento del volumen general de la empresa.

3. Los municipios pueden cumplir las obligaciones de transparencia y las que derivan del derecho de acceso a la información pública, de manera asociada o por medio de fórmulas de cooperación establecidas con los entes locales supramunicipales o con la Administración de la Generalidad, si por razones de capacidad o eficacia no las pueden cumplir directamente.

4. Las obligaciones de transparencia establecidas por el título II también son aplicables a los partidos políticos, a las asociaciones y fundaciones vinculadas a las organizaciones sindicales y empresariales y las entidades privadas en los siguientes supuestos:

a) Si perciben subvenciones o ayudas públicas de más de 100.000 euros anuales.

b) Si al menos el cuarenta por ciento de sus ingresos anuales procede de subvenciones o ayudas públicas, siempre que esta cantidad sea de más de 5.000 euros.

5. Los contratos del sector público deben incluir las obligaciones de los adjudicatarios de facilitar información establecidas por la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

6. Cada sujeto obligado es responsable de la información que incluye en su portal de transparencia y de la que incorpora el Portal de la Transparencia, en cumplimiento de lo establecido en esta ley.

artículo 4

Responsables de la aplicación de esta ley

1. Los responsables del cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por esta ley son los altos cargos al servicio de la Generalitat y de la Administración local de Cataluña y el personal al servicio de la Administración pública, en el ámbito general, y también las personas que determina esta ley en relación con ámbitos específicos.

2. A los efectos de esta ley, tienen la condición de altos cargos:

a) Al servicio de la Generalitat, los que establece la ley reguladora del régimen de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalidad.

b) Al servicio de la Administración local, los representantes locales y los titulares de los órganos superiores y directivos, de acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen local.

c) Al servicio de los demás organismos públicos a que se refiere el artículo 3, los titulares o miembros de los órganos de gobierno y los cargos directivos de dichos organismos.

3. Para el resto de responsables, la normativa reguladora de la organización administrativa debe determinar con claridad y precisión las autoridades y los órganos responsables del cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por esta ley.

TÍTULO II

De la transparencia

CAPÍTULO I

Transparencia en la actividad pública

artículo 5

disposiciones generales

1. Los sujetos obligados adoptarán las medidas necesarias para facilitar a las personas el conocimiento de la información pública. La información sujeta al régimen de transparencia se hará pública en las sedes electrónicas y los sitios web de los sujetos obligados, de una manera clara, estructurada y en formato reutilizable.

2. A efectos de lo establecido en el apartado 1, los sujetos obligados deben garantizar la transparencia de la información pública por medio de un sistema integral de información y conocimiento en formato electrónico, cuyo diseño debe fundamentarse en el uso preferente de los sistemas de gestión de documentos públicos, como facilitadores de datos y documentos auténticos, en el marco de interoperabilidad del sector público.

3. El sistema integral a que se refiere el apartado 2 debe permitir a las personas un acceso fácil y gratuito a la información pública, con el fin de fomentar el conocimiento y facilitar la participación y colaboración responsable en los asuntos públicos.

4. El sistema se fundamenta en el Portal de la Transparencia, que es el instrumento básico y general de gestión de documentos públicos para dar cumplimiento y efectividad a las obligaciones de transparencia establecidas por la Ley, y en las sedes electrónicas o sitios web correspondientes. El Portal de la Transparencia debe incluir el Registro de grupos de interés, regulado por el título IV, y los canales de participación y los procedimientos participativos en trámite.

5. El Portal de la Transparencia es organizado y gestionado por la Administración de la Generalidad, y también integra la información de las administraciones locales y de las administraciones y entidades incluidas en el artículo 3.1. a, b, c, dye. Las administraciones locales y el resto de administraciones y entidades pueden crear sus propios portales de transparencia, el acceso al contenido se facilitará desde el Portal de la Transparencia de la Generalitat, de una manera interconectada y que facilite la integración. Todos los portales tienen que disponer de un buscador que permita un acceso rápido, fácil y comprensible a la información y que incorpore mecanismos de alerta sobre los datos que se han actualizado.

6. El Portal de la Transparencia y los portales que eventualmente se creen de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 deben configurarse como una plataforma electrónica de publicidad activa en internet, deben ser fácilmente identificables y deben contener el enlace de las sedes electrónicas de las administraciones públicas o entidades correspondientes. También deben cumplir las recomendaciones de la Iniciativa de Accesibilidad Web para facilitar el acceso a las personas con discapacidad.

7. Los sujetos a que se refiere el artículo 3.1. dye deben cumplir sus obligaciones de transparencia en los términos establecidos en el artículo 3.2.

artículo 6

Obligaciones de transparencia

1. Para hacer efectivo el principio de transparencia, los sujetos obligados adoptarán las siguientes actuaciones:

a) Difundir la información pública de interés general de una manera veraz y objetiva, para que las personas puedan conocer la actuación y el funcionamiento de la Administración pública y ejercer el control de esta actuación.

b) Garantizar que la información a que se refiere la letra a se difunde de manera constante y se actualiza permanentemente, con la indicación expresa de la fecha en que se ha actualizado por última vez y, si es posible, de la fecha en que se ha de volver a actualizar.

c) Organizar la información de manera que sea fácilmente accesible y comprensible para las personas y que facilite una consulta ágil y rápida por medio de instrumentos de búsqueda dotados de las características técnicas que lo garanticen.

d) Ordenar temáticamente la información para que sea fácil e intuitiva de localizar. Esta ordenación se debe hacer, como mínimo, con criterios temáticos y cronológicos, siguiendo el cuadro de clasificación documental corporativo -si se disponía e incorporando índices o guías de consulta.

e) Facilitar la consulta de la información con el uso de medios informáticos en formatos fácilmente comprensibles y que permitan la interoperabilidad y la reutilización.

2. Las obligaciones de transparencia establecidas por esta ley son mínimas y generales, y se entienden sin perjuicio de las que pueda establecer de una manera más detallada y específica la legislación aplicable.

3. Los sujetos obligados establecerán procedimientos basados ​​en indicadores objetivos para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. En los procedimientos de evaluación se debe garantizar la participación de expertos independientes y de los ciudadanos.

artículo 7

Límites a las obligaciones de transparencia

1. Los límites aplicables a las obligaciones de transparencia son los mismos que el título III establece para el derecho de acceso a la información pública, especialmente los relativos a la protección de datos de carácter personal.

2. El principio de transparencia debe interpretarse y aplicarse en todos los casos de manera preferente. Cualquier limitación en la aplicación del principio de transparencia debe fundamentarse en un límite o una excepción expresamente establecidos por una norma con rango de ley.

CAPÍTULO II

Publicidad activa

artículo 8

Información sujeta al régimen de transparencia

1. La Administración Pública, en aplicación del principio de transparencia, debe hacer pública la información relativa a:

a) La organización institucional y la estructura administrativa.

b) La gestión económica, contable, presupuestaria y patrimonial.

c) Las decisiones y las actuaciones con una relevancia jurídica especial.

d) La plantilla, la relación de puestos de trabajo y el régimen retributivo.

e) Los procedimientos administrativos relacionados con el ejercicio de sus competencias.

f) Los contratos y los convenios.

g) Las convocatorias y el otorgamiento de las subvenciones y las ayudas públicas.

h) Los informes y los estudios.

e) Los planes, los programas y las memorias generales.

j) La información estadística.

k) La información geográfica.

l) Las materias y las actuaciones la publicidad de las que se establezca por norma.

m) Cualquier materia de interés público, y las informaciones que sean solicitadas con mayor frecuencia por vía del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

2. La información pública relativa a las materias a que se refiere el apartado 1 debe comprender todos los datos y los documentos con el alcance y la precisión que determinan los artículos 9 a 15. La información debe ser congruente con la finalidad de conocimiento prevista en cada caso y debe ser adecuada y completa en cuanto al contenido informativo que determina la Ley.

artículo 9

Transparencia en la organización institucional y la estructura administrativa

1. La información relativa a la organización institucional y la estructura administrativa que la Administración debe hacer pública en aplicación del principio de transparencia debe incluir:

a) La descripción de la organización de la Administración y de los organismos y entes públicos vinculados o dependientes, y también de las sociedades, las fundaciones públicas y los consorcios de los que forma parte la Administración, con la inclusión de un organigrama actualizado .

b) La estructura organizativa interna de la Administración y de los organismos y entidades a que se refiere la letra a, con la identificación de los responsables de los diversos órganos y su perfil y trayectoria profesionales.

c) Las funciones que tienen atribuidas la Administración y los organismos y entidades a que se refiere la letra a, con indicación del ente, la entidad o el órgano que las ejerce en cada caso.

d) La relación de puestos de trabajo del personal funcionario, laboral y eventual, y la plantilla y la relación de contratos temporales y de interinajes no vinculados a ningún puesto de trabajo de dicha relación de puestos.

e) Las convocatorias y los resultados de los procesos selectivos de provisión y promoción del personal.

f) La relación de altos cargos.

g) Las listas que eventualmente se creen para acceder a los procesos de formación y promoción.

h) La relación de los puestos ocupados por personal adscrito por los adjudicatarios de contratos firmados con la Administración que, en virtud del contrato, lleve a cabo una actividad, un servicio o una obra con carácter permanente en una dependencia o un establecimiento público, y también el régimen de dedicación y el régimen retributivo de este personal y las tareas que lleva a cabo.

e) Los convenios, los acuerdos y los pactos de naturaleza funcionarial, laboral y sindical.

j) El catálogo de los servicios prestados, las cartas de servicios existentes y la información sobre los resultados de las evaluaciones de calidad y de la incidencia social de las políticas públicas.

k) Los acuerdos relativos a la creación, la participación y el funcionamiento de los entes públicos, las sociedades y fundaciones públicas, los consorcios y otras entidades vinculadas a la Administración pública.

l) La información relativa a los canales de participación y los procedimientos participativos en trámite, de acuerdo con lo establecido en esta ley y la Ley de consultas de Cataluña, con el fin de hacer difusión y facilitar la participación ciudadana.

m) Las resoluciones dictadas por el órgano competente, en aplicación de la normativa sobre el régimen de incompatibilidades de los altos cargos, con la forma y las condiciones que se determinen.

2. La información organizativa debe incluir el número de liberados sindicales que hay en el ámbito de la Administración y los entes dependientes, con la indicación de los sindicatos correspondientes, los costes que las liberaciones generan a la Administración y el número de horas sindicales utilizadas.

artículo 10

Transparencia en las decisiones y actuaciones de relevancia jurídica

1. La información relativa a las decisiones y actuaciones con relevancia jurídica que la Administración debe hacer pública en aplicación del principio de transparencia debe incluir:

a) Las normas aprobadas por la Administración pública, de las que debe haber disponibles las versiones en el formato originario y, en el caso de las normas que hayan sido modificadas, las versiones consolidadas- y los datos relativos a la evaluación de la aplicación de las normas.

b) Las directivas, las instrucciones, las circulares y las respuestas anonimizadas consultas planteadas que tengan una incidencia especial sobre la interpretación y la aplicación de las normas.

c) Los procedimientos normativos en curso de elaboración, con la indicación del estado de tramitación en que se encuentran.

d) Las memorias y los documentos justificativos de la tramitación de los proyectos o anteproyectos normativos, los diversos textos de las disposiciones y la relación y valoración de los documentos originados por los procedimientos de información pública y participación ciudadana y por la intervención de los grupos de interés, en su caso.

e) El catálogo actualizado de todos los procedimientos administrativos, con la indicación de los que están disponibles en formato electrónico, el sentido del silencio administrativo y los recursos que se pueden interponer en relación con las resoluciones que ponen fin.

f) Los actos administrativos, las declaraciones responsables y las comunicaciones previas que puedan tener incidencia sobre el dominio público o la gestión de los servicios públicos, y aquellos otros en que lo aconsejen razones de interés público especial.

g) Los actos que hayan sido objeto de un procedimiento de revisión en vía administrativa.

h) Las resoluciones administrativas y judiciales que puedan tener relevancia pública y las resoluciones judiciales definitivas que afecten a las personas obligadas al cumplimiento de esta ley, por razón del ejercicio de las funciones y responsabilidades que les atribuye.

e) Los dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora y de los demás órganos consultivos.

2. En el caso de las letras cyd del apartado 1, la información también debe incluir los documentos que, de acuerdo con la normativa aplicable, deben ser sometidos a un período de información pública durante la tramitación, así como el contenido íntegro de los textos de los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamento.

3. En el caso de las letras f, g, h, i del apartado 1, la información no incluirá datos o referencias personales.

artículo 11

Transparencia en la gestión económica, contable, presupuestaria y patrimonial

1. La información relativa a la gestión económica y presupuestaria que la Administración debe hacer pública en aplicación del principio de transparencia debe incluir:

a) El presupuesto, con la descripción de las partidas presupuestarias anuales y los datos de su ejecución -de manera que se pueda conocer el grado de ejecución con carácter trimestralmente y de su liquidación, y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

b) Las retribuciones, indemnizaciones y dietas, las actividades y los bienes de los miembros del Gobierno, de los altos cargos de la Administración pública y del personal directivo de los entes públicos, las sociedades, las fundaciones y los consorcios, y las indemnizaciones que deben percibir en dejar de ejercer el cargo.

c) Las cuentas anuales completos preceptivos y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización de los órganos de control externo que les hayan emitido.

d) Las resoluciones dictadas por el órgano competente para instruir y resolver los expedientes relativos a las declaraciones de actividades, patrimoniales y de intereses de los altos cargos ya la inscripción en los registros correspondientes, en aplicación de la normativa sobre incompatibilidades de los altos cargos.

e) La información general sobre las retribuciones, indemnizaciones y dietas percibidas por los empleados públicos, agrupada en función de los niveles y los cuerpos.

f) El coste de las campañas de publicidad institucional, desglosando los diferentes conceptos de la campaña y el importe contratado en cada medio de comunicación.

2. La información relativa a la gestión patrimonial debe incluir:

a) La información sobre los datos más relevantes del inventario general del patrimonio respecto a los bienes inmuebles de dominio público y patrimoniales y los bienes muebles con un valor especial.

b) La información económica relativa a la gestión del patrimonio.

artículo 12

Transparencia en materia de planificación y programación

1. La Administración debe hacer públicos, en aplicación del principio de transparencia, los planes y los programas anuales y plurianuales, de carácter general o sectorial, que establecen las directrices estratégicas de las políticas públicas. Asimismo, se publicarán las auditorías internas y externas de evaluación de la calidad de los servicios públicos.

2. La información a que se refiere el apartado 1 debe incluir, como mínimo, las actuaciones que se deben llevar a cabo, los medios que se deben utilizar para ejecutar los planes y los programas, los plazos de cumplimiento, la memoria económica y los estudios e informes técnicos justificativos.

3. La información pública a que se refiere el apartado 1 debe incluir los criterios y la metodología para evaluar el cumplimiento de los planes y los programas y el resultado de la evaluación, una vez ejecutados.

4. La Administración debe hacer públicos el plan territorial general, los planes territoriales parciales, los planes directores territoriales, los planes territoriales sectoriales, los planes directores urbanísticos, los planes de ordenación urbanística municipal, el plan de espacios de interés natural y los otros planes y programas que deban elaborarse en cumplimiento de una norma con rango de ley y los planes que se publicarán con carácter obligatorio.

5. La Administración debe hacer públicas las modificaciones de los planes y programas y la información económica, geográfica y urbanística, de elaboración propia o externa, que haya utilizado para elaborarlos y para evaluar su ejecución.

CAPÍTULO III

Transparencia en la gestión administrativa

artículo 13

Transparencia en la contratación pública

1. La transparencia en el ámbito de los contratos suscritos por los sujetos obligados es aplicable a todos los contratos, incluidos los patrimoniales y los menores. La información pública relativa a los contratos debe incluir:

a) La información sobre las entidades y los órganos de contratación, con la indicación de la denominación exacta, el teléfono y las direcciones postales y electrónicas.

b) La información sobre las licitaciones en trámite, que comprenderá como mínimo el tipo de contrato, su objeto, el contenido económico, los pliegos de cláusulas administrativas y las condiciones de ejecución.

c) La información sobre los contratos programados.

d) Los contratos suscritos, con la indicación del objeto, el importe de la licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para contratar y la identidad del adjudicatario, la duración, el número de licitadores, los criterios de adjudicación, el cuadro comparativo de ofertas y las puntuaciones respectivas, así como los acuerdos e informes técnicos del proceso de contratación. Esta información debe estar actualizada y hacer referencia, al menos, los últimos cinco años.

e) Las modificaciones contractuales, las prórrogas de los contratos, las licitaciones anuladas y las resoluciones anticipadas.

f) Los datos del registro público de contratos y del registro oficial de licitadores y empresas clasificadas.

g) Los acuerdos y criterios interpretativos de los órganos consultivos de contratación.

h) Una relación anonimizada de las preguntas y respuestas más frecuentes en las consultas en materia de contratación.

i) Las resoluciones de los recursos especiales, de las cuestiones de nulidad y de las resoluciones judiciales definitivas en materia de contratación, así como los actos de desistimiento, renuncia y resolución de contratos.

2. La información en materia de contratación pública debe constar en un espacio diferenciada del Portal de la transparencia, configurado como una plataforma electrónica de publicidad específica en este ámbito.

3. La Administración pública dará publicidad de una manera constante y actualizada a los datos estadísticos sobre los porcentajes y el volumen presupuestario de los contratos adjudicados de acuerdo con cada uno de los procedimientos establecidos por la legislación de contratos del sector público. También ha de dar publicidad al volumen presupuestario contratado por los diversos adjudicatarios en los últimos cinco años.

4. En los contratos de gestión de servicios públicos y de concesión de obras públicas, se harán públicos los datos siguientes para facilitar su conocimiento a los usuarios:

a) Las condiciones y obligaciones asumidas por los gestores en relación con la calidad, el acceso al servicio y los requisitos de prestación del servicio.

b) Los derechos y los deberes de los usuarios.

c) Las facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer la Administración en relación con la prestación del servicio.

d) El procedimiento para formular quejas o reclamaciones.

artículo 14

Transparencia en los convenios de colaboración

1. La transparencia en el ámbito de los convenios de colaboración es aplicable a todos los convenios y encargos de gestión suscritos entre los sujetos obligados y las personas privadas y públicas.

2. La información pública relativa a los convenios de colaboración debe incluir, como mínimo:

a) La relación de los convenios vigentes, con la indicación de la fecha, las partes que los firman, el objeto, los derechos y obligaciones de cualquier tipo que generen y el periodo de vigencia.

b) Las eventuales modificaciones de cualquiera de los parámetros a los que se refiere la letra a, y la fecha y la forma en que se hayan producido.

c) La información relativa al cumplimiento y la ejecución de los convenios.

3. Las obligaciones de publicidad establecidas por este artículo se harán efectivas mediante el Registro de convenios de colaboración y cooperación de la Generalitat, que se integrará en el Portal de la Transparencia.

artículo 15

Transparencia en la actividad subvencional

1. La información relativa a las subvenciones y las ayudas públicas que los sujetos obligados deberán hacer pública en aplicación del principio de transparencia debe incluir:

a) Una relación actualizada de las subvenciones y otras ayudas que los sujetos obligados tengan previsto convocar durante el ejercicio presupuestario, con la indicación del objeto o finalidad y la descripción de las condiciones para ser beneficiario.

b) Los objetivos, a efectos de utilidad pública o social, que pretende lograr la subvención o ayuda y los efectos que la medida de fomento puede producir en el mercado, en su caso.

c) Las subvenciones y las ayudas públicas otorgadas, con la indicación del importe, el objeto y los beneficiarios. Esta información debe incluir las subvenciones y las ayudas, debe estar actualizada y debe hacer referencia a los últimos cinco años. También debe incluir las subvenciones y las ayudas otorgadas sin publicidad y concurrencia si estos requisitos se han exceptuado, en los casos establecidos legalmente. En el caso de subvenciones y ayudas públicas otorgadas por motivos de vulnerabilidad social, se debe preservar la identidad de los beneficiarios.

d) La información relativa al control financiero de las subvenciones y las ayudas públicas otorgadas.

e) La justificación o rendición de cuentas por parte de los beneficiarios de la subvención o ayuda otorgados.

2. Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y ayudas públicas que se puedan otorgar por un importe superior a 10.000 euros deben incluir la obligación de los beneficiarios, si son personas jurídicas, los sujetos obligados la información relativa a las retribuciones de sus órganos de dirección o administración, a efectos de hacerlas públicas. En los supuestos legales en los que no se aplique un proceso de concurrencia para otorgar las subvenciones o las ayudas, esta obligación debe incluir el acto o el convenio correspondiente.

CAPÍTULO IV

Reutilización de la información pública

artículo 16

Reutilización de la información

1. Los sujetos obligados deberán facilitar a las personas el acceso a la información pública en formato reutilizable, para mejorar la transparencia, generar valor a la sociedad y promover la interoperabilidad entre las administraciones, dentro de los límites establecidos por la normativa sobre reutilización de la información del sector público.

2. La información pública puede ser reutilizada con cualquier objetivo lícito, especialmente la reproducción y divulgación por cualquier medio de los datos objeto de información pública y la creación de productos o servicios de información con valor añadido basados ​​en estos datos.

artículo 17

Condiciones y modalidades para reutilizar la información

1. La reutilización de la información pública es libre y no está sujeta a restricciones, salvo en los supuestos en los que, por vía reglamentaria, se someta a la obtención de una licencia de reconocimiento de creative commons, por razón de la tutela de otros derechos o bienes jurídicos, o en la solicitud previa del interesado.

2. El Portal de la Transparencia debe especificar el tipo de reutilización aplicable a la información que contiene, y también debe incluir un aviso legal sobre las condiciones de la reutilización.

3. Se debe garantizar que en el proceso de reutilización no altera el contenido de la información reutilizada ni se desnaturaliza el sentido, y también hay que citar la fuente de los datos e indicar la fecha de la última actualización.

TÍTULO III

De la información pública

CAPÍTULO I

Acceso a la información pública

artículo 18

Derecho de acceso a la información pública

1. Las personas tienen el derecho de acceder a la información pública, a que hace referencia el artículo 2.b, a título individual o en nombre y representación de cualquier persona jurídica legalmente constituida.

2. El ejercicio de este derecho no es condicionado a la concurrencia de un interés personal, no está sujeto a motivación y no requiere la invocación de ninguna norma.

3. El derecho de acceso a la información pública se puede ejercer a partir de los dieciséis años.

artículo 19

información pública

1. El derecho de acceso a la información pública incluye cualquier forma o soporte en que esta información haya sido elaborada o en que se conserve.

2. Las administraciones públicas adoptarán las medidas organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, de acuerdo con lo establecido en este título.

3. Las administraciones públicas, con la misma finalidad a que se refiere el apartado 2, establecerán un sistema de gestión de documentos, información y datos integrado que permita la interoperatividad entre las administraciones, la localización de cualquier documento o información y la vinculación automática de cada documento o conjunto de datos a su régimen de acceso y publicidad.

CAPÍTULO II

Límites y acceso parcial a la información pública

artículo 20

principios generales

1. El derecho de acceso a la información pública se garantiza a todas las personas, de acuerdo con lo establecido en esta ley. El derecho de acceso a la información pública sólo puede ser denegado o restringido por las causas expresamente establecidas por las leyes.

2. Las limitaciones legales al derecho de acceso a la información pública deben ser aplicadas de acuerdo con su finalidad, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, deben interpretarse siempre restrictivamente en beneficio de este derecho y no se pueden ampliar por analogía.

3. Para aplicar límites al derecho de acceso a la información pública, la Administración no dispone de potestad discrecional e indicará en cada caso los motivos que lo justifican. En la motivación hay que explicitar el límite que se aplica y razonar debidamente las causas que fundamentan la aplicación.

4. Los límites al derecho de acceso a la información pública se aplicarán de acuerdo con los principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad.

5. El derecho de acceso a la información pública se garantiza de acuerdo con lo establecido en esta ley, y específicamente por medio de los instrumentos establecidos en el capítulo IV de este título.

artículo 21

Límites al derecho de acceso a la información pública

1. El derecho de acceso a la información pública puede ser denegado o restringido si el conocimiento o la divulgación de la información conlleva un perjuicio para:

a) La seguridad pública.

b) La investigación o la sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias.

c) El secreto o la confidencialidad en los procedimientos tramitados por la Administración pública, si el secreto o la confidencialidad son establecidos por una norma con rango de ley.

d) El principio de igualdad de las partes en los procesos judiciales o la tutela judicial efectiva.

e) Los derechos de los menores de edad.

f) La intimidad y los demás derechos privados legítimos.

g) El secreto profesional y los derechos de propiedad intelectual e industrial.

2. El derecho de acceso a la información pública también puede ser denegado o restringido si la información tiene la condición de protegida y así lo establece expresamente una norma con rango de ley.

3. Tiene la condición de protegida, en todos los casos, la información relativa a los menores de edad el conocimiento o la divulgación de la cual puede condicionar el libre desarrollo de su personalidad en el futuro. El acceso a la información puede ser denegada en este supuesto, a menos que se pueda garantizar el carácter anónimo, y sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes.

artículo 22

Proporcionalidad y temporalidad

1. Los límites aplicados al derecho de acceso a la información pública deben ser proporcionales al objeto y la finalidad de protección. La aplicación de estos límites debe atender las circunstancias de cada caso concreto, especialmente la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso a la información.

2. Los límites del derecho de acceso a la información pública son temporales si así lo establece la ley que los regula, y se mantienen mientras perduren las razones que justifican su aplicación.

artículo 23

Datos personales especialmente protegidos

Las solicitudes de acceso a la información pública deben ser denegadas si la información que se quiere obtener contiene datos personales especialmente protegidos, tales como las relativas a la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, la origen racial, la salud y la vida sexual, así como las relativas a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública al infractor, salvo que el afectado consienta expresamente por medio de un escrito que debe acompañar la solicitud.

artículo 24

Protección de datos personales

1. Se dará acceso a la información pública si se trata de información directamente relacionada con la organización, el funcionamiento o la actividad pública de la Administración que contenga datos personales meramente identificativos salvo que, excepcionalmente, en el caso concreto deba prevalecer la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos.

2. Si se trata de otra información que contiene datos personales no incluidas en el artículo 23, se puede dar acceso a la información, previa ponderación razonada del interés público en la divulgación y los derechos de las personas afectadas. Para llevar a cabo esta ponderación se debe tener en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:

a) El tiempo transcurrido.

b) La finalidad del acceso, especialmente si tiene una finalidad histórica, estadística o científica, y las garantías que se ofrezcan.

c) El hecho de que se trate de datos relativos a menores de edad.

d) El hecho de que pueda afectar a la seguridad de las personas.

3. Las solicitudes de acceso a la información pública que se refieran sólo a datos personales del solicitante se resolverán de acuerdo con la regulación del derecho de acceso que establece la legislación de protección de datos de carácter personal.

artículo 25

Acceso parcial a la información ya la documentación públicas

1. Si es aplicable alguno de los límites de acceso a la información pública establecidos por los artículos anteriores, la denegación de acceso sólo afecta a la parte correspondiente de la documentación, y se autorizará el acceso restringido al resto de las datos.

2. Si la restricción de acceso o la ocultación parcial de datos dificulta la comprensión de la información, el interesado podrá solicitar audiencia a la Administración para aclarar su interpretación. La Administración puede aportar las aclaraciones contextuales siempre que no revelen la información que ha sido legalmente ocultada.

3. En el caso de acceso parcial a la información pública, la Administración debe garantizar, por los medios más adecuados, la reserva de la información afectada por las limitaciones legales.

CAPÍTULO III

Ejercicio del derecho de acceso a la información pública

artículo 26

Requisitos de las solicitudes de información pública

1. Las solicitudes de acceso a la información pública se pueden hacer por cualquier medio que permita tener constancia de:

a) La identidad del solicitante.

b) La información precisa a la que se quiere tener acceso, sin necesidad de indicar ningún documento ni expediente concretos.

c) La forma o el formato en que se prefiere tener acceso a la información.

d) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, que sirva para las comunicaciones entre el solicitante y la Administración.

2. El solicitante puede exponer, con carácter potestativo, los motivos que justifican el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La ausencia de motivación en ningún caso puede ser una causa para denegar la solicitud.

artículo 27

Presentación de las solicitudes

1. Las solicitudes de acceso a la información pública se pueden presentar por cualquier medio, incluidos los electrónicos, siempre que permitan dejar constancia de los requisitos a que se refiere el artículo 26.

2. Las solicitudes presentadas por medios electrónicos deben poder tramitar con el uso de la firma electrónica, por medio de un formulario electrónico sencillo y fácilmente accesible que el Portal de la Transparencia debe poner a disposición de los ciudadanos, o por cualquier otro medio que reglamentariamente.

3. Las solicitudes se dirigirán a la entidad o el órgano administrativo que disponga de la información. Si la solicitud de información se dirige a un órgano que no la tiene a su disposición o se dirige genéricamente a una administración, es de aplicación lo establecido en el artículo 30.

4. La Administración debe establecer sistemas para integrar la gestión de las solicitudes de información en el ámbito de su organización interna.

5. Una vez presentada la solicitud, se notificará al solicitante la recepción de la solicitud indicando el día de recepción, el órgano responsable de resolverla, la fecha máxima para resolver y la persona responsable de la tramitación.

artículo 28

solicitudes imprecisas

1. Si una solicitud de acceso a la información pública se ha formulado en términos imprecisos o demasiado genéricos, la Administración lo comunicará al solicitante y pedirle que concrete la información a la que quiere tener acceso . Este trámite suspende el plazo para resolver.

2. La Administración debe prestar asesoramiento y asistencia al solicitante para que pueda concretar la petición a que se refiere el apartado 1.

3. Si el solicitante no cumple el trámite a que se refiere el apartado 1 dentro del plazo establecido, que no puede ser inferior a diez días, se considera que ha desistido del procedimiento y se archivará el expediente , siempre que la Administración haya puesto a disposición de los ciudadanos los instrumentos adecuados para la búsqueda de la información.

4. El archivo del expediente de solicitud de acceso a la información pública no excluye el derecho de presentar una nueva solicitud que cumpla los requisitos establecidos por esta ley.

artículo 29

Inadmisión de solicitudes

1. Son inadmitidas a trámite las solicitudes de acceso a la información pública en los siguientes supuestos:

a) Si piden notas, borradores, resúmenes, opiniones o cualquier documento de trabajo interno sin relevancia o interés público.

b) Si para obtener la información que piden hay una tarea compleja de elaboración o reelaboración. En este caso, se puede dar la información de manera desglosada, previa audiencia del solicitante.

c) Si la información que piden es en fase de elaboración y se hará pública, de acuerdo con las obligaciones de transparencia del título II, dentro del plazo de tres meses.

2. Son inadmitidas a trámite las solicitudes de información consistentes en consultas jurídicas o peticiones de informes o dictámenes, sin perjuicio de los supuestos de consulta u orientación establecidos por la legislación general de procedimiento administrativo y por las leyes sectoriales que se pidan de acuerdo con la normativa correspondiente.

3. La inadmisión de solicitudes debe ser motivada y comunicada al solicitante.

artículo 30

Derivación de las solicitudes

1. En el supuesto de que la solicitud de acceso a la información se dirija a una entidad u órgano administrativo que no disponga de la información, este debe derivarla a la entidad o al órgano que disponga, si lo conoce, o en la oficina responsable de la información pública que corresponda, en un plazo de quince días naturales, y comunicar al solicitante a qué órgano se ha derivado la solicitud y los datos para contactarlos.

2. Si la entidad o el órgano administrativo competente pertenece o depende de una administración diferente a la que se ha dirigido la solicitud, se informará al solicitante, por vía electrónica si es posible , e indicarle cuál es la Administración la que se ha derivado la solicitud para que pueda ejercer el derecho de acceso a la información pública.

artículo 31

Afectación de derechos o intereses de terceros

1. Si la solicitud de información pública puede afectar derechos o intereses de terceros, de acuerdo con lo establecido en esta ley, en caso de que los posibles afectados estén identificados o sean fácilmente identificables les dará traslado de la solicitud, y tienen un plazo de diez días para presentar alegaciones si estas pueden resultar determinantes del sentido de la resolución.

2. El trámite de alegaciones a que se refiere el apartado 1 suspende el plazo para resolver.

3. El traslado de la solicitud debe indicar los motivos de la solicitud, si se han expresado, pero no es obligatorio revelar la identidad del solicitante.

4. Se informará al solicitante del traslado de la solicitud a terceros y de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o transcurrido el plazo para presentarse las.

artículo 32

Competencia para resolver

La competencia para resolver las solicitudes de acceso a la información pública corresponde:

a) En el caso de las solicitudes dirigidas a la Administración de la Generalitat, a los órganos superiores jerárquicos de los servicios o las unidades que disponen de la información, de acuerdo con lo establecido en las normas reguladoras de la organización administrativa.

b) En el caso de las solicitudes dirigidas a la Administración local, los órganos que determinan las normas organizativas propias y, en su defecto, al alcalde o el presidente, o el órgano en que estos deleguen .

c) En el caso de las solicitudes dirigidas a organismos autónomos, entidades de derecho público, sociedades y fundaciones públicas, consorcios y universidades públicas, a su órgano de dirección y de gobierno.

d) En el caso de las solicitudes dirigidas a otras instituciones y organismos a que se refiere el artículo 3.1, a sus órganos de representación o dirección.

artículo 33

Plazo para resolver

1. Las solicitudes de acceso a la información pública deben resolverse en el plazo de un mes, a contar del día siguiente a la recepción de la solicitud.

2. El plazo a que se refiere el apartado 1 se puede prorrogar, si lo justifican el volumen o la complejidad de la información requerida, hasta un plazo igual a la mitad del inicial. La prórroga y las causas que la motivan deben ser comunicadas al interesado.

3. En el plazo a que se refiere este artículo se debe resolver la solicitud y notificar la resolución al interesado.

4. El plazo a que se refiere este artículo sólo puede quedar en suspenso en los casos establecidos expresamente por esta ley y por la legislación general sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo.

artículo 34

resolución

1. La resolución se formalizará por escrito y se notificará al solicitante y, en su caso, a los terceros afectados que hayan comparecido en el expediente. Si la solicitud de información se ha hecho por vía electrónica, la notificación de la resolución también se puede hacer por medios electrónicos.

2. La resolución debe ser estimatoria de la solicitud, salvo que sea aplicable alguno de los límites establecidos por esta ley. En este último caso, debe estimarse parcialmente la solicitud, si es posible, o desestimar en su totalidad.

3. Si la resolución es estimatoria de la solicitud y ha habido oposición de terceros, el acceso a la información sólo puede hacerse efectivo una vez ha transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o, en caso de que se haya presentado este recurso, si no se ha acompañado de petición de medidas cautelares de suspensión o se ha resuelto este incidente manteniendo la ejecutividad del acto administrativo.

4. Deben ser motivadas las resoluciones siguientes:

a) Las que desestiman total o parcialmente la solicitud.

b) Las que aman la solicitud a pesar de la oposición de terceros.

c) Las que establecen como forma de acceso a la información un formato distinto al solicitado.

5. Excepcionalmente no es obligatorio que las resoluciones sean motivadas si la mera indicación de la existencia o no de los datos puede conllevar incurrir en alguna de las limitaciones del derecho de acceso a la información pública. En este caso, la resolución debe hacer constar esta circunstancia.

6. Si el acceso a la información pública es denegado como consecuencia de la aplicación de los límites derivados de la protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial, la motivación de la resolución debe incluir la referencia a la persona titular de estos derechos, en conocida.

7. La notificación de la resolución debe indicar las vías específicas de recurso y reclamación establecidas por esta ley.

8. Si se estima la solicitud y no se ha producido oposición de terceros, la resolución puede ser sustituida por una comunicación por la que se indica al interesado que puede acceder a la información, o bien se le pueden facilitar los datos directamente.

artículo 35

silencio administrativo

1. Si la Administración no resuelve y notifica dentro del plazo establecido, la solicitud se entenderá estimada, salvo que una norma con rango de ley establezca expresamente un efecto negativo, total o parcial, con relación a una determinada información.

2. No se puede adquirir por silencio administrativo el derecho de acceso si concurre alguno de los límites establecidos por esta u otras leyes para tener acceso a la información pública.

3. En el caso de silencio administrativo estimatorio, la Administración está obligada a facilitar el acceso a la información pública en el plazo establecido por el artículo 36, a partir del momento en que el solicitante lo pide.

4. La denegación de acceso a la información habiéndose producido silencio administrativo estimatorio puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el título VII.

artículo 36

Acceso a la información

1. Si una solicitud es estimada total o parcialmente, el órgano competente debe suministrar la información al interesado, en el formato en que lo haya pedido, en el plazo de treinta días.

2. La Administración podrá suministrar la información en un formato distinto del solicitado en los casos siguientes:

a) Si hay una alternativa más económica, siempre que no dificulte al solicitante el acceso a los datos.

b) Si la información ya ha sido difundida o publicada provisionalmente en otro formato y se puede acceder fácilmente. En este caso, se indicará al solicitante la fuente de información.

c) Si se considera razonable utilizar un formato diferente del pedido, siempre que se justifique.

d) Si el formato en que se ha pedido la información puede conllevar la pérdida del soporte que la contiene o lo puede dañar.

e) Si técnicamente no es posible hacer una copia en el formato en que se ha pedido la información.

f) Si el formato en que se ha pedido la información puede afectar a los derechos de propiedad intelectual.

3. Las resoluciones estimatorias deben incluir la consideración de que la información puede ser suministrada en un formato distinto al pedido, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2, indicando los formatos alternativos posibles.

artículo 37

Gratuidad y contraprestaciones

1. El acceso a la información pública es gratuito si los datos son consultadas en el lugar donde se encuentran depositadas, o bien si existen en formato electrónico, en cuyo caso deben ser entregadas por correo electrónico.

2. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes del original pueden estar sujetos a una contraprestación económica, la cual no puede exceder el coste de la operación.

CAPÍTULO IV

Garantías del derecho de acceso a la información pública

artículo 38

recurso administrativo

Las resoluciones expresas o presuntas dictadas de acuerdo con lo dispuesto en este título pueden ser objeto de recurso potestativo de reposición ante el órgano que las ha dictado.

artículo 39

Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública

1. Las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública y, en su caso, las que resuelvan el recurso de reposición pueden ser objeto de reclamación gratuita y voluntaria ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública , encargada de velar por el cumplimiento y las garantías del derecho de acceso a la información pública que regula este título.

2. La Comisión debe cumplir sus funciones con plena independencia orgánica y funcional, sin sometimiento a instrucciones jerárquicas de ningún tipo.

3. La Comisión ejercerá sus funciones por medio de actos y acuerdos de carácter técnico, que en ningún caso pueden ser motivados por criterios de oportunidad o de conveniencia.

artículo 40

Composición y designación

1. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública está integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco, designados por mayoría de tres quintas partes de los diputados del Parlamento de Cataluña, entre personas que acrediten que cumplen los requisitos establecidos por este artículo.

2. A efectos de lo establecido en el apartado 1, antes de ser designados los candidatos deben comparecer ante la comisión parlamentaria correspondiente para que ésta los evalúe con relación a las condiciones requeridas para el cargo.

3. Los miembros de la Comisión deben ser juristas especialistas en derecho público y técnicos en materia de archivos o gestión documental, elegidos entre expertos de competencia y prestigio reconocidos y con más de diez años de experiencia profesional.

4. Los miembros de la Comisión ejercerán el cargo en régimen de dedicación exclusiva y les son aplicables las normas sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Sus retribuciones se fijarán anualmente en la Ley de presupuestos de Cataluña.

artículo 41

Organización y funcionamiento

1. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública debe ser adscrita al departamento de la Generalitat que el Gobierno determine por decreto. El Gobierno debe dotar a la Comisión de los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones, siempre respetando la independencia orgánica y funcional.

2. La organización y el funcionamiento de la Comisión deben ser establecidos por reglamento. El Gobierno remitirá el proyecto al Parlamento antes de aprobarlo por decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 del Reglamento del Parlamento. El Parlamento se pronunciará sobre la propuesta presentada por el Gobierno y, en su caso, puede formular recomendaciones con relación al texto. Las recomendaciones relativas a la garantía de la independencia orgánica y funcional de la Comisión son vinculantes para el Gobierno.

artículo 42

Procedimiento de reclamación

1. Las reclamaciones a que se refiere el artículo 39.1 se interpondrán en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la resolución, el momento en que ha concluido el plazo para resolver en el supuesto del artículo 35.2 o en su caso, de la desestimación del recurso de reposición.

2. Las reclamaciones se pueden tramitar por medio de un procedimiento de mediación o de un procedimiento ordinario con resolución.

3. En el caso de reclamaciones en que la denegación del acceso a la información pública se ha producido por motivos derivados de derechos de terceros, se dará traslado de la reclamación correspondiente a los terceros que puedan participar en el procedimiento.

4. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública informará a las partes afectadas sobre el procedimiento de mediación. La Administración no puede oponerse a la aplicación de este procedimiento si las otras partes la aceptan. El procedimiento de mediación suspende el plazo para resolver.

5. El acuerdo fruto de la mediación debe ser aprobado por el reclamante, por la Administración afectada y, en su caso, por los terceros que hayan comparecido en el procedimiento. Este acuerdo pone fin al procedimiento y en ningún caso puede ser contrario al ordenamiento jurídico.

6. Si no se acepta la mediación o no se alcanza un acuerdo en el plazo de un mes desde que se ha aceptado, la reclamación se tramitará mediante un procedimiento con resolución de la Comisión, de acuerdo con las normas reguladoras de los recursos administrativos.

7. La Comisión, de oficio oa instancia de parte, podrá pedir informes o datos que considere necesarios para facilitar el procedimiento de mediación o para fundamentar la resolución.

8. Si la denegación se ha fundamentado en la protección de datos personales, la Comisión debe solicitar informe a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, el cual debe ser emitido en el plazo de quince días.

9. Si en el plazo de dos meses desde la presentación de la reclamación no se ha dictado y notificado la resolución, ésta se puede entender desestimada. Este plazo puede ser ampliado por la Comisión hasta un máximo de quince días más, en caso de que se haya hecho uso de lo establecido en los apartados 7 y 8, lo que debe ser notificada a todas las partes antes de que concluya el plazo para resolver.

10. Las resoluciones de la Comisión ponen fin a la vía administrativa y se pueden impugnar ante la jurisdicción contencioso administrativa.

artículo 43

Ejecución de los acuerdos de mediación y de las resoluciones

1. Si se alcanza un acuerdo en el procedimiento de mediación, este debe establecer el plazo de cumplimiento y, en su caso, las condiciones en que se debe hacer efectivo el acceso a la información pública.

2. Si la Administración no cumple el acuerdo a que se refiere el apartado 1 en el plazo establecido, el interesado lo puede comunicar a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública para que ésta requiera el cumplimiento .

3. La desatención del requerimiento a que se refiere el apartado 2 puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el título VII.

4. Las disposiciones establecidas por los apartados anteriores también son aplicables a las resoluciones dictadas por la Comisión que reconozcan el derecho de acceso a la información pública.

5. La Administración comunicará a la Comisión las actuaciones realizadas para ejecutar los acuerdos de mediación y para dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por la Comisión.

artículo 44

Publicidad de las resoluciones y memoria de la Comisión

1. Las resoluciones de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública se publicarán en el portal de la Comisión, previa disociación de los datos personales, y deben señalar las resoluciones que establecen criterios generales para la resolución de futuras solicitudes.

2. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública elaborará una memoria anual de sus actividades, que debe ser presentada al Parlamento y al organismo evaluador a que se refiere el título VIII.

TÍTULO IV

Del registro de grupos de interés

artículo 45

Creación del registro
[No vigente]
afectaciones

Otras versiones de este precepto

artículo 46

principios generales

1. El Registro de grupos de interés debe ser público, y los datos que contenga deben estar disponibles por medio del régimen de transparencia establecido por esta ley.

2. El establecimiento y el funcionamiento del Registro deben respetar los principios de proporcionalidad, igualdad y no discriminación.

3. La creación del Registro no puede impedir ni restringir el ejercicio de los derechos que legalmente corresponden a las autoridades o cargos públicos o los que son inherentes al mandato parlamentario o de los cargos electos.

artículo 47

Personas y actividades incluidas en el registro

1. Se inscribirán en el registro de grupos de interés:

a) Las personas y las organizaciones que, independientemente de su forma o estatuto jurídico, en interés propio, de otras personas o de organizaciones realizan actividades susceptibles de influir en la elaboración de leyes, normas con rango de ley o disposiciones generales o en la elaboración y la aplicación de las políticas públicas.

b) Las plataformas, redes u otras formas de actividad colectiva que, a pesar de no tener personalidad jurídica, constituyen de facto una fuente de influencia organizada y llevan a cabo actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Registro.

2. El ámbito de aplicación del Registro incluye todas las actividades llevadas a cabo con el fin de influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración o aplicación de las políticas y la toma de decisiones, con independencia del canal o medio utilizado , incluyendo los contactos con autoridades y cargos públicos, diputados, funcionarios y personal al servicio de las instituciones, así como las contribuciones y la participación voluntarias en consultas oficiales sobre propuestas legislativas, normativas, actos jurídicos u otras consultas.

artículo 48

Personas y actividades excluidas del Registro

Quedan excluidas del Registro de grupos de interés las actividades relativas a la prestación de asesoramiento jurídico o profesional vinculadas directamente a defender los intereses afectados por procedimientos administrativos, las destinadas a informar a un cliente sobre una situación jurídica general, las actividades de conciliación o mediación llevadas a cabo en el marco de la ley, o las actividades de asesoramiento llevadas a cabo con fines informativos para el ejercicio de derechos o iniciativas establecidos por el ordenamiento jurídico.

artículo 49

Contenido del Registro

1. El Registro de grupos de interés debe incluir:

a) Una relación, ordenada por categorías, de personas y organizaciones que actúan con el fin de influir en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, y la sede de su organización.

b) La información a suministrar por las personas y organizaciones a que se refiere la letra a, especialmente con relación a las actividades que llevan a cabo, a su ámbito de interés ya su financiación.

c) Un código de conducta común.

d) El sistema de control y fiscalización, que establecerá los mecanismos de denuncia aplicables en el caso de incumplimiento de lo establecido en esta ley o del código de conducta a que se refiere la letra c.

2. El Registro dará publicidad de las actuaciones de los grupos de interés, especialmente de las reuniones y audiencias mantenidas con autoridades, cargos públicos, miembros electos o diputados, y de las comunicaciones, los informes y otras contribuciones en relación con las materias tratadas.

artículo 50

Obligaciones de los declarantes

1. La inscripción en el Registro de grupos de interés comporta las siguientes obligaciones:

a) Aceptar que la información proporcionada se haga pública.

b) Garantizar que la información proporcionada es completa, correcta y fidedigna.

c) Cumplir el código de conducta.

d) Aceptar la aplicación del régimen de control y fiscalización y las medidas correspondientes, en el caso de incumplimiento del código de conducta o de lo que establece esta ley.

2. Los declarantes deberán informar a las instituciones de las actividades que llevan a cabo, los clientes, personas u organizaciones para los que trabajan y de las cantidades económicas que reciben, en su caso, y los gastos relacionados con su actividad como grupo de interés.

artículo 51

Contenido mínimo del código de conducta

El código de conducta a que se refiere el artículo 49.1. c debe incluir, como mínimo:

a) El nombre y los datos del declarante que lo suscribe.

b) La entidad o la organización que representa o para la que trabaja el declarante, y los intereses, objetivos o finalidades que persiguen sus clientes.

c) El compromiso del declarante de no obtener ni tratar de obtener la información o influir en la toma de decisiones de manera deshonesta.

d) El compromiso del declarante de proporcionar información actualizada y no engañosa en el momento de la inscripción en el Registro y de mantenerla actualizada posteriormente.

e) El compromiso de no incitar, por ningún medio, autoridades, cargos públicos, diputados o funcionarios a infringir la ley o las reglas de comportamiento establecidas por el código de conducta.

f) El compromiso de aceptar y cumplir las medidas adoptadas en el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley o por el código de conducta.

artículo 52

Medidas aplicables en caso de incumplimiento

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley o por el código de conducta puede dar lugar a la suspensión temporal de la inscripción en el Registro de grupos de interés o, si el incumplimiento es grave, a la cancelación de la inscripción.

2. La suspensión y la cancelación de la inscripción en el Registro conllevan la denegación de acceso a las oficinas y los servicios de las instituciones y los organismos públicos de las personas afectadas y, en su caso, de las organizaciones a las que pertenecen y la publicación de la sanción en el Registro.

3. Cualquier persona está legitimada para presentar una denuncia fundamentada en hechos materiales, si sospecha que las personas o las organizaciones comprendidas en este título incumplen las obligaciones establecidas por la Ley o por el código de conducta.

4. El procedimiento de tramitación de las denuncias y de investigación debe ser llevado a cabo por los responsables del Registro y garantizará la audiencia del afectado.

artículo 53

Desarrollo normativo de este título

La clasificación de las personas y las organizaciones que se inscribirán en el Registro de grupos de interés, la información requerida a los declarantes, el contenido detallado del código de conducta y el procedimiento de investigación y tramitación de las denuncias debe ser regulado por reglamento.

TÍTULO V

Del buen gobierno

CAPÍTULO I

Código de conducta de los altos cargos

artículo 54

Ámbito de aplicación

1. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a los altos cargos de la Administración de la Generalidad, de la Administración local y de los otros organismos e instituciones públicas incluidos en el artículo 3.1.

2. A los efectos de este título, tienen la consideración de altos cargos las personas determinadas en el artículo 4.2.

artículo 55

Principios de actuación

1. Los altos cargos deben actuar de acuerdo con los principios éticos y las reglas de conducta:

a) El respeto de la Constitución, el Estatuto de autonomía y el principio de legalidad.

b) El respeto y la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los derechos estatutarios.

c) La transparencia de las actividades oficiales, de los actos y decisiones relacionados con la gestión de los asuntos públicos que tienen encomendados y de su agenda oficial, a los efectos de publicidad del Registro de grupos de interés, establecido por el título IV.

d) La imparcialidad en la toma de decisiones, con garantía de las condiciones necesarias para una actuación independiente y no condicionada por conflictos de intereses.

e) La igualdad de trato de todas las personas, evitando cualquier tipo de discriminación y arbitrariedad en la toma de decisiones.

f) El ajuste de la gestión y la aplicación de los recursos públicos a la legalidad presupuestaria ya las finalidades para las que se han concebido.

g) La rendición de cuentas y la responsabilidad por las actuaciones propias y de los órganos que dirigen.

h) El ejercicio del cargo con dedicación absoluta, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre incompatibilidades.

e) El ejercicio del cargo en beneficio exclusivo de los intereses públicos, sin llevar a cabo ninguna actividad que pueda entrar en conflicto.

j) La utilización de la información a la que tienen acceso por razón del cargo en beneficio del interés público, sin obtener ninguna ventaja propia ni ajena.

k) El compromiso general y directo por la calidad de los servicios bajo su responsabilidad y el cumplimiento de los derechos de los usuarios.

l) La buena fe.

m) La exclusión de cualquier obsequio de valor, favor o servicio que se les pueda ofrecer por razón del cargo o que pueda comprometer la ejecución de sus funciones.

n) El deber de abstenerse de intervenir en los asuntos de su competencia cuando concurra alguno de los supuestos de abstención que establece la Ley.

o) Mantener la debida reserva respecto de los hechos o informaciones conocidos por razón del ejercicio de sus competencias.

2. Las administraciones y los organismos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley deben incluir, en los pliegos de cláusulas contractuales y en las bases de convocatoria de subvenciones o ayudas, los principios éticos y las reglas de conducta a que han de adecuar la actividad los contratistas y los beneficiarios, y determinarán los efectos de un eventual incumplimiento de estos principios.

3. El Gobierno, los entes locales y los demás organismos e instituciones públicas incluidos en el artículo 3.1 deben elaborar un código de conducta de sus altos cargos que concrete y desarrolle los principios de actuación a que se refiere el apartado 1 , establezca otras adicionales, en su caso, y determine las consecuencias de su incumplimiento, sin perjuicio del régimen sancionador establecido por la presente ley.

artículo 56

Incompatibilidades y declaraciones

1. Los altos cargos están sujetos al régimen de incompatibilidades ya las obligaciones de declaración de actividades, de bienes patrimoniales y de intereses establecidos por la legislación específica.

2. El Registro de declaraciones de actividades es público. El acceso a los registros de las declaraciones de los bienes patrimoniales y de intereses se rige por su normativa específica, sin perjuicio de la que se hará pública una declaración que indique la situación patrimonial de los altos cargos, que no ha de incluir los datos de localización ni las que sean necesarias para salvaguardar la privacidad y la seguridad de los titulares.

artículo 57

Publicidad de las condiciones de acceso

1. La Administración, las instituciones públicas y los organismos incluidos en el artículo 3.1 deben dar a conocer los criterios de acuerdo con los que se designa a una persona para que ocupe un alto cargo. A tal efecto, deberán hacer público el currículum con los méritos profesionales y técnicos de la persona nombrada.

2. Los nombramientos de altos cargos se harán atendiendo a criterios de competencia profesional, entre personas con cualificación y experiencia en puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.

CAPÍTULO II

Derecho a una buena administración y unos servicios públicos de calidad

artículo 58

principios generales

Las personas tienen derecho a una buena Administración, y al acceso y el uso de unos servicios públicos de calidad reconocidos, con carácter general, por la legislación de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y, específicamente, por las leyes reguladoras de las diversas actividades públicas.

artículo 59

Cartas de servicio

1. La Administración pública debe garantizar que los servicios de su competencia se prestan en unas condiciones mínimas y razonables de calidad, y debe incluir cartas de servicio en el marco regulador de los servicios públicos básicos, las que establecerán , como mínimo:

a) La organización y la forma de gestión del servicio.

b) La identificación de los responsables de la gestión.

c) Los estándares mínimos de calidad del servicio desglosados, en su caso, por categorías de prestaciones, y los indicadores y los instrumentos para evaluar su aplicación.

d) Las condiciones de acceso.

e) Los derechos y deberes de los usuarios.

f) El régimen económico aplicable, con indicación de las tasas y los precios públicos que sean aplicables, en su caso.

g) Las vías de reclamación utilizables.

h) Las vías utilizables para que los usuarios puedan obtener información y orientación con relación al servicio público.

2. Las cartas de servicio tienen naturaleza reglamentaria. El contenido de las cartas de servicio es vinculante para la Administración y los usuarios, y puede ser invocado vía de recurso o reclamación.

3. En el ámbito de la Administración de la Generalidad, las cartas de servicios deben ser aprobadas por decreto del Gobierno o por orden del titular del departamento correspondiente. Los consejos comarcales, los municipios de gran población y los consejos de veguería deben aprobar las cartas de los servicios de competencia municipal que gestionen, de acuerdo con lo que determina la legislación de régimen local.

artículo 60

Evaluación permanente de los servicios públicos

1. Los usuarios tienen derecho a ser consultados periódicamente y de manera regular sobre su grado de satisfacción con respecto a los servicios públicos y las actividades gestionadas por la Administración pública.

2. La Administración responsable del servicio objeto de consulta debe establecer los indicadores de acuerdo con los que se elaborarán las encuestas y la periodicidad de las consultas.

3. Las consultas a que se refiere este artículo se realizarán preferentemente a los usuarios del servicio, sin perjuicio de que puedan tener alcance general en el caso de los servicios básicos, garantizando siempre el anonimato de los participantes.

4. El instrumento que debe utilizarse con carácter general para hacer la encuesta a que hace referencia este artículo y para recibir las opiniones de los usuarios es el Portal de la Transparencia. A tal efecto, el Portal debe contener un espacio específico, del que se ha de hacer publicidad en general y, específicamente, a los centros y espacios donde se presta el servicio. El Portal de la Transparencia debe publicar el resultado de las encuestas.

artículo 61

Derecho de formular propuestas y sugerencias

1. Los ciudadanos tienen el derecho de hacer propuestas de actuación o mejora y sugerencias con relación al funcionamiento de los servicios públicos.

2. Las propuestas y sugerencias se pueden formular por medio del Portal de la Transparencia, con el correspondiente mecanismo de interacción vinculado al catálogo de los servicios públicos a que se refiere el artículo 9.1. j, o por cualquier otro medio que elijan los ciudadanos.

3. La Administración pública debe dar a conocer de manera anonimizada las propuestas y las sugerencias recibidas, y ha de reconocer y hacer públicas las iniciativas ciudadanas la aplicación de las que comporte una mejora sustancial de los servicios públicos.

CAPÍTULO III

Mejora de la calidad normativa

artículo 62

principios generales

1. La Administración pública debe ejercer la iniciativa normativa de forma que el marco normativo resultante sea previsible, tan estable como sea posible y fácil de conocer y comprender para los ciudadanos y los agentes sociales.

2. La iniciativa normativa sólo debe promover si hay una causa de interés general que lo justifique.

3. Las iniciativas normativas se referirán a fines o sectores materiales homogéneos, y deben ser claras y coherentes con el resto del ordenamiento jurídico.

4. Las iniciativas normativas deben dar prioridad a las medidas menos restrictivas para los derechos de las personas, siempre que permitan obtener el mismo resultado para el interés general.

5. Los principios regulados por este artículo son aplicables al ejercicio de la potestad reglamentaria, a las normas con rango de ley aprobadas por el Gobierno y en la elaboración de proyectos de ley.

artículo 63

Simplificación y consolidación normativa

1. La Administración pública debe ejercer la iniciativa legislativa de modo que la aprobación de una nueva norma comporte, como regla general, una simplificación del ordenamiento jurídico vigente.

2. La Administración, para facilitar el conocimiento del derecho vigente, debe elaborar textos consolidados de las normas cuando se hayan modificado. Los textos consolidados tienen valor informativo y deben indicar claramente su naturaleza y qué normas consolidan.

artículo 64

Mejora de la regulación

1. La Administración Pública, para la elaboración de las memorias de evaluación e impacto que pueden producir las normas, debe utilizar los instrumentos de análisis más adecuados para evaluar los efectos de la nueva regulación y evitar que se generen obligaciones o gastos innecesarios o desproporcionados respecto de los objetivos de interés general que se pretenden alcanzar.

2. La Administración pública debe desarrollar mecanismos para evaluar la aplicación de las normas, a fin de verificar el grado de cumplimiento, la necesidad y la actualidad y, en su caso, la conveniencia de modificarlas por razón de nuevas necesidades económicas o sociales sobrevenidas.

3. Se debe garantizar la participación de los ciudadanos en la elaboración de las memorias de evaluación e impacto, y también en el proceso para evaluar la aplicación de las normas.

4. La Administración pública puede promover pruebas piloto previas a la aprobación de las nuevas medidas reguladoras para verificar su idoneidad. Estas pruebas piloto se aplicarán mediante convenios suscritos con las entidades representativas de los sectores afectados, con los efectos y las condiciones que determine el convenio.

TÍTULO VI

Del gobierno abierto

CAPÍTULO I

principios generales

artículo 65

Principios e impulso del gobierno abierto

1. El gobierno abierto se fundamenta en los siguientes principios:

a) El diálogo permanente entre la Administración pública y los ciudadanos.

b) La toma de decisiones públicas teniendo en cuenta las necesidades y las preferencias manifestadas por los ciudadanos.

c) La participación y la colaboración ciudadana en la definición de las políticas públicas más relevantes, de carácter general y sectorial.

d) La transparencia y la información pública como marco de referencia para hacer posible la efectividad del gobierno abierto.

e) La mejora continua de la calidad de los servicios.

f) La evaluación permanente de la gestión administrativa y de los procesos de participación, mediante indicadores objetivos en el establecimiento de los cuales hay que garantizar la participación de expertos independientes y de los ciudadanos.

g) La rendición de cuentas y la asunción de responsabilidad ante los ciudadanos derivada de las decisiones adoptadas.

2. La Administración pública debe impulsar el gobierno abierto mediante mecanismos e instrumentos que permitan la interrelación con los ciudadanos, preferentemente con el uso de medios electrónicos y las tecnologías de la información y la comunicación.

artículo 66

Medidas de fomento del gobierno abierto

1. Los ciudadanos pueden intervenir, de manera individual o colectiva, a través de entidades de carácter representativo, en la definición y aplicación de las políticas públicas.

2. La Administración pública debe fomentar la participación y la colaboración ciudadanas en la toma de decisiones públicas y en el seguimiento y la evaluación de la aplicación de estas decisiones.

3. Los instrumentos y las formas de participación y colaboración ciudadanas deben darse a conocer a través del Portal de la Transparencia y del resto de canales de difusión para permitir un conocimiento tan generalizado como sea posible.

4. Los instrumentos de participación y colaboración deben dirigirse al conjunto de la ciudadanía, y la Administración debe poner a su disposición las herramientas de formación pertinentes para que pueda dominar el uso. También se pueden destinar a los sectores de la ciudadanía y de entidades directamente afectados por las políticas públicas.

artículo 67

Garantías para la efectividad del gobierno abierto

1. El gobierno abierto permite a los ciudadanos ya las entidades, con carácter general, hacer llegar a la Administración pública propuestas, sugerencias y opiniones sobre cualquier asunto en que ésta sea competente. La Administración tiene la obligación de darles en una respuesta motivada.

2. La Administración pública establecerá procedimientos de participación y colaboración ciudadana en la elaboración de planes y programas de carácter general y en la definición de las políticas públicas más relevantes.

3. En los supuestos a que se refiere el apartado 2, la Administración debe cumplir las obligaciones siguientes:

a) Dar información, con antelación suficiente, sobre las propuestas sometidas a la consideración de los ciudadanos.

b) Suministrar de una manera adecuada, sistemática y comprensible la información relativa a las propuestas que sea necesaria a fin de poderlas valorar adecuadamente.

c) Valorar el resultado del proceso participativo en el momento de la toma de decisión.

d) Informar a los ciudadanos que han participado en el proceso sobre las decisiones adoptadas y los motivos que las justifican.

4. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de los apartados 2 y 3 las siguientes actuaciones:

a) Las que se tramitan o aprueban con carácter de urgencia.

b) Las que tienen como único objetivo la seguridad pública.

c) Las que pueden dar lugar a la aplicación de los límites de acceso a la información pública establecidos por esta ley.

artículo 68

Instrumentos de participación y colaboración ciudadanas

Los procedimientos de participación y colaboración ciudadanas son los establecidos, con carácter general, por la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo, por la legislación de régimen local y por la normativa sobre participación ciudadana, sin perjuicio de los que puedan establecerse por ley , con carácter específico, con relación a una determinada actuación o decisión política.

CAPÍTULO II

Participación ciudadana en la elaboración de disposiciones generales

artículo 69

Participación ciudadana en la elaboración de las normas

1. Las personas tienen el derecho de participar, mediante la presentación de propuestas y sugerencias, en las iniciativas normativas que promueve la Administración pública. Este derecho puede ejercerse en relación a las iniciativas normativas en que, por la importancia que tienen o por la materia que regulan, la Administración pública considera pertinente abrir este proceso participativo desde el inicio de la tramitación del procedimiento administrativo.

2. Los órganos encargados de tramitar el procedimiento administrativo, para facilitar la participación ciudadana deben publicar en el Portal de la Transparencia la iniciación de la tramitación, la versión inicial del proyecto normativo y la documentación complementaria que la acompaña, y deben dar información sobre el estado de la tramitación. Siempre que sea posible se debe incentivar la participación ciudadana por medio de la comunicación a las entidades representativas de los colectivos directamente afectados por la iniciativa.

3. Las personas pueden enviar sus propuestas y sugerencias con relación a las iniciativas normativas que corresponda antes del trámite de audiencia e información pública. El solo hecho de participar en una iniciativa normativa no atribuye a los ciudadanos la condición de interesados, pero la Administración debe hacer una valoración general de las contribuciones, que se publicará en el Portal de la Transparencia.

4. Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de los trámites de audiencia y de información pública determinados por la legislación de régimen jurídico y de procedimiento administrativo y la legislación de régimen local.

artículo 70

Derecho de proponer iniciativas normativas

1. Las personas legitimadas para promover la iniciativa legislativa popular tienen el derecho de presentar a la Administración pública propuestas de iniciativa normativa de carácter reglamentario.

2. Las propuestas se referirán íntegramente a competencias de la Administración pública a la que se dirigen, y no pueden corresponder a materias excluidas por la ley reguladora de la iniciativa legislativa popular.

3. Las propuestas deben cumplir los requisitos que reglamentariamente y tener el apoyo de, al menos, quince mil firmas para las iniciativas que se presentan ante la Administración de la Generalidad. Las que se presentan ante la Administración local se rigen por su legislación específica.

4. El órgano competente para iniciar el procedimiento administrativo debe valorar la propuesta en cuanto a la necesidad de la norma, los costes que conllevaría, la oportunidad de la regulación para el interés público y los efectos que produciría sobre el sector y los intereses implicados, y debe adoptar una decisión en el plazo de tres meses. Si en este plazo no se adopta y se notifica la resolución, la propuesta se entenderá desestimada por silencio administrativo.

5. La resolución debe exponer los motivos por los que la propuesta es aceptada o rechazada, y debe ser comunicada a los proponentes.

6. La decisión sobre la propuesta sólo puede ser objeto de recurso fundamentado en la vulneración de los elementos reglados aplicables al ejercicio del derecho, pero no en cuanto a la oportunidad de la decisión de iniciar o no la tramitación de la iniciativa .

TÍTULO VII

Sistema de garantías

CAPÍTULO I

Recursos y reclamaciones

artículo 71

recursos

1. Contra los actos de la Administración pública que vulneran los derechos reconocidos por esta ley se pueden interponer los recursos administrativos establecidos por la legislación de Cataluña sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo y por la legislación local aplicable a los entes locales.

2. También se pueden interponer recursos contra las omisiones imputables a la Administración pública que conllevan el incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley. A efectos de recurso, la omisión se imputa al órgano responsable del cumplimiento de la obligación.

3. Los recursos de alzada, en el caso de actos u omisiones imputables a órganos que, por su naturaleza, no ponen fin a la vía administrativa, se interpondrán ante el titular del departamento competente en materia de Administración pública.

4. Contra los actos que ponen fin a la vía administrativa o que resuelven los recursos administrativos se puede interponer un recurso contencioso administrativo, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

artículo 72

Reclamaciones con relación al derecho de acceso a la información pública

1. Las resoluciones expresas o presuntas dictadas con relación al derecho de acceso en la información pública pueden ser objeto de reclamación, en los términos establecidos en el Capítulo IV del Título III.

2. Los actos dictados por la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública son impugnables en vía contenciosa administrativa.

artículo 73

Reclamaciones contra actuaciones u omisiones de entidades de derecho público, sociedades y fundaciones públicas y consorcios

1. Contra los actos y omisiones de las entidades y organismos de derecho público, las sociedades y fundaciones públicas y los consorcios a que se refiere el artículo 3.1.b realizados en el ejercicio de funciones públicas o sometidos a tutela administrativa, se puede formular una reclamación directamente ante el órgano competente bajo cuya autoridad se ejerce la actividad.

2. La reclamación debe resolverse y notificarse en el plazo de tres meses, y la resolución agota la vía administrativa.

3. En el caso de actos u omisiones que afectan el derecho de acceso a la información pública, se aplicará lo establecido en el capítulo IV del título III.

artículo 74

Reclamaciones contra actuaciones u omisiones de otros organismos públicos

1. Contra los actos y las omisiones de las instituciones y organismos incluidos en el artículo 3.1. b y c, salvo los que se refiere el artículo 73, se pueden interponer los recursos o reclamaciones que determinan sus normas reguladoras.

2. Si la normativa a que se refiere el apartado 1 no lo determina, se puede formular una reclamación ante el órgano superior responsable de la institución o del organismo y, una vez agotada esta vía, un recurso contencioso administrativo de acuerdo con lo establecido en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. El plazo para formular la reclamación inicial y para resolverla es el que establece la legislación de régimen jurídico y de procedimiento administrativo para el recurso de alzada.

3. En el caso de actos u omisiones que afectan el derecho de acceso a la información pública, se puede aplicar el sistema de garantías establecido por el capítulo IV del título III si las instituciones y los organismos a que se refiere este artículo y la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública lo establecen por convenio.

artículo 75

Actuación del Defensor del Pueblo, de la Sindicatura de Cuentas y de la Oficina Antifraude de Cataluña

1. El Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude de Cataluña deben velar por el cumplimiento de las obligaciones y los derechos establecidos por esta ley, de acuerdo con las funciones que tienen atribuidas.

2. Sin perjuicio de los recursos y las reclamaciones que puedan interponerse contra los actos expresos o presuntos que impidan o limiten, total o parcialmente, los derechos reconocidos por esta ley u omisiones producidas derivadas de obligaciones establecidas por la Administración pública, las personas afectadas pueden dirigir una queja al Síndic de Greuges o dirigirse a la Oficina Antifraude de Cataluña, de acuerdo con lo que determinan las leyes reguladoras de estas instituciones.

3. La intervención del Síndic de Greuges o de la Oficina Antifraude no suspende los plazos para la interposición de los recursos o reclamaciones administrativos o contenciosos administrativos procedentes.

CAPÍTULO II

régimen sancionador

artículo 76

principios generales

1. El incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por esta ley por parte de las personas que son responsables conlleva la aplicación del régimen sancionador regulado por este capítulo.

2. El régimen sancionador de este capítulo no se aplica si los hechos pueden ser constitutivos de infracción penal ni tampoco si, de acuerdo con la ley, puede ser aplicable otro régimen de responsabilidad administrativa o de naturaleza jurisdiccional, siempre que se dé también identidad de sujeto y fundamento.

3. En todo lo que no determina este capítulo son aplicables los principios y las reglas generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador, establecidos por la legislación básica y por la legislación de la Generalidad en materia de régimen jurídico y procedimiento administrativo común.

artículo 77

Infracciones muy graves

1. Son infracciones muy graves en materia de transparencia:

a) Incumplir las obligaciones y los deberes de publicidad establecidos en los capítulos II y III del título II aplicando de manera manifiestamente injustificada los límites a que se refiere el artículo 7.

b) Incumplir, las personas físicas o jurídicas, las obligaciones a que están sujetos de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2 y 4.

2. Son infracciones muy graves con relación al derecho de acceso a la información pública:

a) Dar información parcial, u omitir o manipular información relevante con el objetivo de influir en la formación de la opinión ciudadana.

b) Impedir u obstaculizar deliberadamente el acceso a la información en el caso de resolución estimatoria y en los casos establecidos por los artículos 35.1 y 43.

c) Facilitar información relativa a los datos personales comprendidas en el artículo 23 sin el consentimiento, expreso y por escrito, de las personas afectadas.

d) Ocultar la existencia de información pública para impedir el conocimiento y el acceso.

3. Son infracciones muy graves en materia de buen gobierno:

a) Tomar decisiones o adoptar medidas manifiestamente contrarias a la Constitución o el Estatuto de autonomía.

b) Cometer actos u omisiones que vulneren el contenido esencial de los derechos y las libertades públicas.

c) Tomar decisiones, llevar a cabo actuaciones o cometer omisiones con finalidad discriminatoria, por razón de cualquier circunstancia personal o social.

d) Incumplir de manera pública y manifiesta las funciones inherentes al cargo.

e) Incumplir los principios éticos y las reglas de conducta a que se refiere el artículo 55.2.

f) Incumplir, las personas y las organizaciones que tienen la condición de grupos de interés, las obligaciones establecidas por esta ley o por el código de conducta que les sea aplicable, de acuerdo con lo que determina el título IV.

artículo 78

infracciones graves

1. Es una infracción grave en materia de transparencia incumplir, total o parcialmente, los deberes y las obligaciones establecidas por el título II y los que establecen expresamente otras leyes, siempre que el incumplimiento no sea una infracción muy grave.

2. Son infracciones graves con relación al derecho de acceso a la información pública:

a) Dar información incompleta o parcial, siempre que no esté justificado con el objeto de hacer compatible el derecho de acceso a la información pública con otros derechos.

b) Facilitar intencionadamente información sometida a la aplicación de los límites establecidos por esta ley, salvo los mencionados por el artículo 77.2.c, en perjuicio de terceros.

c) Omitir el trámite de audiencia de los terceros afectados por las solicitudes de acceso a la información pública, si los terceros están claramente identificados.

d) Desestimar sin motivación las solicitudes de acceso a la información pública.

e) Facilitar deliberadamente la información en un formato o unas condiciones que impidan o dificulten manifiestamente la comprensión.

f) Condicionar el acceso a la información en el pago de una contraprestación en los supuestos de acceso gratuito.

g) Exigir una solicitud previa o la obtención de una licencia tipo para reutilizar la información pública si este requisito no es exigible.

h) Incumplir los plazos establecidos para facilitar la información solicitada sin que haya una causa legal que lo justifique.

i) No resolver las solicitudes de acceso a la información de manera expresa y motivada en el plazo preceptivo.

3. Son infracciones graves en materia de buen gobierno:

a) Adoptar acuerdos manifiestamente contrarios al ordenamiento jurídico con perjuicio grave para la Administración, los interesados ​​o los ciudadanos.

b) Adoptar decisiones o intervenir en asuntos si existe el deber de abstenerse del mismo o si se dan las circunstancias legales de conflicto de intereses.

c) No informar sobre los criterios seguidos para la designación de los altos cargos.

d) Incumplir los requisitos establecidos por la ley para el nombramiento de los altos cargos.

e) Rechazar sin motivación las propuestas de iniciativa normativa que cumplen los requisitos legales.

f) Cometer actos u omisiones que vulneren los derechos y las libertades fundamentales y los derechos estatutarios, siempre que no constituyan una infracción muy grave de acuerdo con el artículo 77.3.b.

g) Incumplir los principios de buena conducta establecidos por las leyes y los códigos de conducta, siempre que no constituyan una infracción muy grave.

4. Son infracciones graves en materia de gobierno abierto:

a) Suministrar información parcial o incompleta sobre las propuestas sometidas a la consideración de los ciudadanos, de manera que esto pueda alterar el sentido o el resultado del proceso participativo.

b) Suministrar la información con la voluntad de dificultar la comprensión o la valoración.

c) No valorar el resultado del proceso participativo en la toma de la decisión final.

d) No aplicar mecanismos e instrumentos de gobierno abierto si son preceptivos por ley.

5. Es una infracción grave no facilitar al Síndic de Greuges la información que ha solicitado de acuerdo con lo establecido en el artículo 93.3. Se entiende que no se ha facilitado la información si ésta no se ha entregado en el plazo de seis meses desde la petición formulada por el Síndic de Greuges.

artículo 79

infracciones leves

1. Son infracciones leves los actos y omisiones que constituyen descuido o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley y en la atención de los ciudadanos cuando ejercen los derechos que les garantiza la norma.

2. La reincidencia en la comisión de infracciones leves en el plazo de dos años conlleva la aplicación de las sanciones establecidas para las infracciones graves.

3. Es una infracción leve demorar el envío de la información solicitada por el Síndic de Greuges de acuerdo con lo establecido en el artículo 93.3. Se entiende que hay demora si la información no se ha entregado en el plazo de tres meses desde la petición formulada por el Síndic de Greuges.

artículo 80

Sujetos responsables de las infracciones

1. Son responsables de las infracciones tipificadas por este capítulo:

a) Los altos cargos y el personal al servicio de la Administración y de las instituciones y los organismos públicos a los que es aplicable esta ley a los que es imputable una acción u omisión tipificada como infracción, de acuerdo con las funciones y las competencias que tengan atribuidas.

b) Las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 77.1. b y 3. eyf.

2. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública puede emitir informes con relación a los conflictos de atribuciones que se puedan suscitar los efectos establecidos en el apartado 1, de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento de este órgano.

artículo 81

Sanciones aplicables a los altos cargos

1. Las sanciones que se pueden aplicar a los altos cargos son las siguientes:

a) Por la comisión de infracciones muy graves:

1º. La destitución del cargo.

2º. Una multa de entre 6.001 y 12.000 euros.

3º. La pérdida de la pensión indemnizatoria a que tengan derecho en el momento de cesar en el cargo.

4º. La inhabilitación para ocupar un alto cargo durante un periodo de entre un año y cinco años.

b) Por la comisión de infracciones graves:

1º. La suspensión del ejercicio del cargo entre tres y seis meses.

2º. Una multa de entre 600 y 6.000 euros.

3º. La pérdida o la reducción de hasta el cincuenta por ciento de la pensión indemnizatoria a que puedan tener derecho en el momento de cesar en el cargo.

4º. La inhabilitación para ocupar un alto cargo durante un período máximo de un año.

c) Por la comisión de infracciones leves:

1º. La amonestación.

2º. La declaración de incumplimiento con publicidad.

2. Para cada supuesto de infracción se puede imponer una o más de las sanciones establecidas por las letras correspondientes del apartado 1. Los criterios aplicables para determinar el alcance de la sanción son los que establece la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo. También se valora la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos y, en su caso, los daños económicos o patrimoniales producidos.

3. No son aplicables a los altos cargos electos las sanciones establecidas por los apartados 1º y 4º de las letras ayb del apartado 1.

artículo 82

Sanciones aplicables al personal al servicio de las administraciones públicas

1. Las sanciones aplicables al personal al servicio de las administraciones públicas por la comisión de infracciones tipificadas por esta ley son las establecidas por la legislación de la función pública con relación a las faltas disciplinarias.

2. Si el supuesto de infracción puede quedar incluido en alguna de las infracciones disciplinarias establecidas por la legislación de la función pública, se aplica esta última legislación.

artículo 83

regímenes específicos

1. En el caso de incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 55.1. f, relativas a la gestión y aplicación de los recursos públicos, es aplicable la normativa reguladora de la responsabilidad contable y, en su caso, la legislación específica reguladora de esta materia.

2. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades o declaraciones que deben hacer los altos cargos al servicio de la Generalitat es sancionado de acuerdo con el régimen específico establecido por la legislación sobre el régimen de incompatibilidades de los altos cargos.

artículo 84

Sanciones aplicables a otras personas por incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley

1. Las sanciones que se pueden aplicar a las personas físicas o jurídicas que no tienen la condición de altos cargos o de personal al servicio de las administraciones públicas son las siguientes:

a) Por la comisión de infracciones muy graves:

1º. Una multa de entre 6.001 y 12.000 euros.

2º. La suspensión para poder contratar con la Administración, durante un período máximo de seis meses.

3º. La inhabilitación para ser beneficiarios de ayudas públicas, durante un periodo entre un año y cinco años.

4º. La cancelación definitiva de la inscripción en el Registro de grupos de interés.

b) Por la comisión de infracciones graves:

1º. Una multa de entre 600 y 6.000 euros.

2º. La inhabilitación para ser beneficiarios de ayudas públicas, durante un período máximo de un año.

3º. La suspensión, durante un período máximo de un año, de la inscripción en el Registro de grupos de interés.

c) Por la comisión de infracciones leves:

1º. La amonestación.

2º. La declaración de incumplimiento con publicidad.

2. Los criterios aplicables para determinar el alcance de la sanción son los que establece la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo. También se valora la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos y, en su caso, los daños económicos o patrimoniales producidos.

3. La competencia para incoar, instruir y resolver el expediente sancionador corresponde al titular del departamento de la Generalitat competente en materia de Administración pública, al alcalde o presidente de la entidad local o los cargos a que se refiere artículo 86. eyf.

artículo 85

procedimiento sancionador

1. El procedimiento sancionador aplicable será el establecido en la legislación de régimen jurídico y procedimiento aplicable a las administraciones públicas.

2. El procedimiento sancionador por las infracciones tipificadas por esta ley se puede iniciar de acuerdo con lo establecido en la normativa a que se refiere el apartado 1.

3. En el caso de denuncia, el órgano competente incoará el procedimiento sancionador si los hechos denunciados presentan indicios mínimamente consistentes o creíbles de infracción.

artículo 86

Órganos competentes para ordenar la incoación del procedimiento sancionador

Son competentes para ordenar la incoación del procedimiento sancionador:

a) El Gobierno, en el caso de altos cargos con la condición de miembros del Gobierno, del secretario del Gobierno, del portavoz del Gobierno y de los secretarios generales.

b) El titular del departamento competente en materia de Administración pública, en el caso de otros altos cargos.

c) El alcalde o el presidente de los entes locales o el pleno, en el caso de altos cargos al servicio de la Administración local.

d) Los órganos competentes en materia de función pública, en el caso del personal al servicio de la Administración.

e) El rector, en el caso de las universidades públicas.

f) Los titulares o los órganos rectores colegiados, en el caso de las instituciones y organismos a que se refiere el artículo 3.1. b.

artículo 87

Incoación del procedimiento a instancia del Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña

1. Si, en el ejercicio de sus funciones, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas o la Oficina Antifraude de Cataluña tienen conocimiento de hechos que pueden constituir una infracción tipificada como muy grave o como grave por esta ley, pueden instar a los órganos competentes a que se refiere el artículo 86 a incoar el procedimiento sancionador.

2. Si el órgano competente decide no incoar el procedimiento, la resolución debe ser expresa y motivada.

artículo 88

Competencia para instruir el procedimiento sancionador

La competencia para instruir el procedimiento sancionador corresponde a los órganos siguientes:

a) El órgano del departamento competente en materia de Administración pública que se determine, en caso de que el responsable de la infracción sea un alto cargo.

b) Los órganos que determina la legislación de la función pública, en el caso de que el responsable de la infracción sea personal al servicio de la Administración.

c) El órgano que corresponda de acuerdo con la normativa de régimen local, en el caso de infracciones cometidas en el ámbito de la Administración local.

d) Los órganos correspondientes que se determine en el caso de las instituciones y organismos a que se refiere el artículo 3.1. b y c.

artículo 89

Competencia para resolver el procedimiento sancionador

1. El órgano competente para resolver los procedimientos sancionadores que afectan a los altos cargos a que se refiere el artículo 86. a es el Gobierno.

2. En el caso de los otros altos cargos al servicio de la Generalitat, la resolución del expediente corresponde a un órgano colegiado integrado por la persona titular del departamento competente en materia de administración pública, un representante de la Comisión Jurídica Asesora y dos juristas de reconocido prestigio designados por el Parlamento de Cataluña, no vinculado a ninguna Administración ni institución pública, salvo las universidades. Este órgano colegiado es designados al inicio de cada legislatura, ejerce sus funciones durante la legislatura y hasta la nueva designación, y puede solicitar informes a la Comisión Jurídica Asesora.

3. Si el responsable de la infracción es personal al servicio de la Administración, se aplica lo establecido en la legislación de la función pública.

4. La competencia para resolver el procedimiento sancionador en el ámbito local corresponde al pleno si se trata de altos cargos, y al órgano que corresponda de acuerdo con la legislación aplicable a los entes locales si se trata de personal al servicio de la Administración local.

5. En el caso de los altos cargos a que se refiere el artículo 86. a y de los cargos electos locales, la propuesta de sanción o, en su caso, el archivo del expediente debe ser informado previamente por el órgano a que se refiere el apartado 2.

6. En el caso de las universidades públicas, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador es el rector.

7. En el caso de las instituciones y organismos a que se refiere el artículo 3.1. b, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador es su titular o el órgano rector colegiado.

artículo 90

Prescripción de las infracciones y las sanciones

1. Las infracciones muy graves prescriben a los tres años; las infracciones graves, a los dos años, y las infracciones leves, al cabo de un año.

2. Las sanciones por la comisión de infracciones muy graves prescriben a los tres años; por la comisión de infracciones graves, a los dos años, y por la comisión de infracciones leves, al cabo de un año.

TÍTULO VIII

Evaluación de la aplicación de la ley

artículo 91

Evaluación de la Ley

Quedan sujetos a evaluación el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas por el título II, las disposiciones relativas al derecho de acceso a la información pública establecidas por el título III, los deberes derivados del Registro de grupos de interés regulado por el título IV, las obligaciones y medidas de buen gobierno y gobierno abierto establecidas por los títulos V y VI y la aplicación del sistema de garantías establecido por el título VII.

artículo 92

Competencia para evaluar

1. La competencia para evaluar el cumplimiento de esta ley, de acuerdo con lo que determina el artículo 91, corresponde al Síndic de Greuges.

2. El organismo evaluador debe establecer los indicadores objetivos que deben servir como referencia para llevar a cabo la tarea evaluadora.

3. La evaluación establecida por este artículo se entiende sin perjuicio de la evaluación interna de la aplicación de las reglas sobre la transparencia a que se refiere el artículo 6.3.

artículo 93

Informes de evaluación

1. El Síndic de Greuges debe elaborar anualmente y presentar al Parlamento un informe general de evaluación de la aplicación de esta ley. En el informe se debe evaluar de manera específica la aplicación del régimen sancionador establecido por el capítulo II del título VII.

2. El Síndic de Greuges puede elaborar informes específicos de evaluación con relación a las entidades y los organismos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley o en ámbitos materiales concretos. Los informes específicos deben ser entregados al Parlamento y, mientras se elaboren, se dará audiencia a la entidad u organismo afectado para que pueda presentar alegaciones, las cuales se incorporarán a el informe.

3. Las autoridades y el personal al servicio de las administraciones, las entidades y los organismos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley tienen el deber de colaborar con el Síndic de Greuges en la elaboración de los informes de evaluación.

4. La elaboración de los informes de evaluación se hará, en su caso, de acuerdo con las directrices o el plan de trabajo que determine el Parlamento.

TÍTULO IX

Aplicación de la ley

artículo 94

Medidas generales de aplicación de la Ley

1. La Administración de la Generalidad debe establecer un programa de apoyo a las entidades locales, especialmente en las que dispongan de menos recursos y capacidad técnica y operativa, para aplicar esta ley. Este programa debe incluir apoyo económico y financiero, que se consignará anualmente en los Presupuestos de la Generalidad de Cataluña, y asesoramiento tecnológico y jurídico. La Administración de la Generalidad puede suscribir convenios de colaboración con las entidades locales de ámbito supralocal y con las asociaciones representativas de los municipios para lograr la aplicación de la Ley en el ámbito de los entes locales.

2. La Administración de la Generalidad debe prestar asesoramiento jurídico y tecnológico a las entidades para las que la Ley establece unas obligaciones específicas de transparencia para la percepción de fondos públicos. La Generalitat facilitará a estas entidades protocolos para el cumplimiento de dichas obligaciones. En las convocatorias de subvenciones o en los convenios suscritos se pueden prever medidas específicas de apoyo económico o técnico para poder hacer efectivas estas obligaciones.

3. La Administración de la Generalidad debe prestar asesoramiento jurídico y tecnológico al resto de instituciones y entidades obligadas por esta ley.

artículo 95

Plan estratégico

El Gobierno aprobará un plan estratégico para la aplicación de esta ley y debe evaluar anualmente el grado de cumplimiento. Se debe especificar el calendario y el presupuesto que se imputa a cada objetivo por cumplir. Tanto el plan como la evaluación del grado de cumplimiento se publicarán en el Portal de la Transparencia.

DIPOSICIONES ADICIONALES

primera

Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública

1. El acceso de los interesados ​​a los documentos de los procedimientos administrativos en trámite se regirá por lo determina la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo.

2. El acceso a la información pública en las materias que tienen establecido un régimen de acceso especial es regulado por su normativa específica y, con carácter supletorio, por esta ley.

segunda

Plan de formación

1. La Administración de la Generalidad debe elaborar y aprobar, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley, un programa específico de formación para los altos cargos y los demás servidores públicos y las demás personas obligadas por esta ley, con relación a los derechos y obligaciones que establece esta ley.

2. La elaboración del programa a que se refiere el apartado 1 se realizará en colaboración con las entidades asociativas de los entes locales. El programa específico para las entidades no lucrativas se hará en colaboración con las entidades de segundo y tercer nivel más representativas del sector.

tercera

Portal de la Transparencia

El Portal de la Transparencia debe entrar en funcionamiento y estar en condiciones de plena operatividad en el momento de la entrada en vigor de esta ley.

cuarta

Adaptaciones organizativas y de funcionamiento

Las administraciones, las instituciones, las entidades y los organismos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley deben promover y hacer las adaptaciones organizativas, procedimentales y de régimen interno que sean necesarias para ajustar su actividad y cumplir lo que establece esta ley antes de que dicha norma entre en vigor.

quinta

Régimen específico del Parlamento de Cataluña

1. El Parlamento de Cataluña, de acuerdo con el principio de autonomía parlamentaria que le reconoce el artículo 58.1 del Estatuto de autonomía, tiene que hacer las modificaciones del Reglamento del Parlamento y de sus normas de régimen y gobierno interiores que sean necesarias para cumplir los requerimientos establecidos por esta ley.

2. Con la finalidad a que se refiere el apartado 1, el Parlamento debe:

a) Actualizar y ampliar los procedimientos de participación de los ciudadanos en el proceso de elaboración de las leyes, especialmente con la utilización de medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.4 del Estatuto.

b) Establecer y regular un portal de transparencia propio.

c) Facilitar el acceso a la documentación y la información parlamentarias.

d) Facilitar información relativa al cumplimiento de las obligaciones de los diputados y de los altos cargos en materia de incompatibilidades, declaraciones de actividades y bienes y otras obligaciones y deberes relativos a su estatuto, y también sobre sus retribuciones.

e) Facilitar el acceso público a los currículos de las personas propuestas para ocupar cargos públicos el nombramiento de las que es competencia del Parlamento.

f) Definir y desarrollar las reglas de buen gobierno y de gobierno abierto en el ámbito parlamentario.

g) Crear un registro de grupos de interés propio.

h) Establecer un sistema de garantías propio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este apartado, el cual debe incluir como mínimo la creación de un órgano de reclamación inspirado en los principios establecidos por el capítulo IV del título III .

3. El Parlamento tiene que hacer las adaptaciones normativas pertinentes para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 2 antes de la entrada en vigor de esta ley. La regulación establecida por el Parlamento determinará las adaptaciones necesarias derivadas de la naturaleza institucional del Parlamento, que en ningún caso pueden comportar un régimen de garantía inferior al que establece esta ley.

4. El Parlamento debe establecer un procedimiento para consolidar las leyes que sean objeto de modificaciones parciales con el fin de simplificar el ordenamiento, mejorar la calidad y contribuir a la garantía de la seguridad jurídica. El procedimiento de consolidación debe dar lugar a textos con valor jurídico que sustituyan y deroguen las leyes objeto de la consolidación.

sexta

Coordinación entre la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, la Autoridad Catalana de Protección de Datos y la Comisión de Acceso, Evaluación y Selección Documental

La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, la Autoridad Catalana de Protección de Datos y la Comisión de Acceso, Evaluación y Selección Documental adoptarán las medidas de coordinación necesarias para garantizar una aplicación homogénea, en sus respectivos ámbitos de actuación, de los principios y las reglas sobre la protección de datos personales y el acceso a la información. A tal efecto, podrán establecer criterios y reglas de aplicación.

séptima

Obligaciones de publicidad activa de las fundaciones y las asociaciones

El titular del departamento competente en materia de justicia determinará por resolución, en el plazo de seis meses, las obligaciones de transparencia establecidas por esta ley que las fundaciones y las asociaciones ya cumplen en virtud de su legislación específica. Esta información se incorporará en el Portal de la Transparencia, y las fundaciones y asociaciones sólo tienen la obligación de hacer constar que se puede consultar.

octava

Transparencia en la actividad contractual

A los efectos de facilitar la consulta a la información sobre la contratación pública, las administraciones locales deben informar al Registro Público de Contratos y la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de los contratos formalizados y los que están en licitación o en otras fases contractuales. El Portal de la Transparencia ha de facilitar la consulta directa y dinámica del Registro y la Plataforma.

novena

Transparencia en los convenios

La Generalitat y las administraciones locales deben informar al Registro de Convenios de la Generalitat de todos los convenios que suscriban con personas públicas y privadas. El Portal de la Transparencia ha de facilitar la consulta directa y dinámica de este registro.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera designación de los miembros de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública

En el acuerdo del Parlamento por el que se nombre por primera vez los miembros de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública se fijarán sus retribuciones, hasta que se apruebe la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1. Se derogan:

a) Los artículos 27 y 28 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

b) Los artículos 19.2.a segunda y tercera, 34.1, 2 y 3, y 35.1 y 3 de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos.

2. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.

DISPOSICIONES FINALES

primera

Naturaleza de la Ley

1. Esta ley tiene la condición de norma reguladora de los derechos, las obligaciones y las garantías esenciales en las materias que regula, que son aplicables con carácter general a la actuación y el funcionamiento de la Administración.

2. Las leyes sectoriales deben interpretarse de acuerdo con lo establecido en esta ley. En caso de que establezcan excepciones respecto al régimen general, estas deben ser explícitas y responder a una causa que las justifique.

segunda

Adaptación de la Ley 10/2001 al régimen de acceso a la información pública que establece esta ley

El Gobierno debe elaborar y presentar al Parlamento, en el plazo de seis meses a contar desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, un proyecto de ley de modificación de la Ley 10/2001, del 13 de julio, de archivos y documentos, con el fin de adaptar su contenido al régimen de acceso a la información y documentación públicas que establece esta ley.

tercera

Desarrollo y aplicación de la Ley

1. Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones que sean necesarias para desarrollar y aplicar esta ley, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 2 y 3.

2. Los entes locales adoptarán las medidas normativas y ejecutivas necesarias para desarrollar esta ley de acuerdo con el principio de autonomía organizativa.

3. Las universidades públicas y las instituciones y organismos a que se refiere el artículo 3.1. b adoptarán las medidas organizativas y de funcionamiento necesarias para aplicar esta ley en los ámbitos en que los afecta, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta, sin perjuicio de lo determina la disposición adicional quinta respecto el Parlamento de Cataluña.

4. El Gobierno, en el plazo de seis meses, aprobará el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.2. Mientras no se apruebe el reglamento, se aplicará la normativa general sobre los órganos colegiados vigente en Cataluña.

cuarta

Entrada en vigor

1. La presente ley entra en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, salvo lo determinan los apartados 2 y 3.

2. El título II entra en vigor al cabo de un año que la Ley haya sido publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña en cuanto a los entes que integran la Administración local.

3. La Comisión de Garantías del Derecho de Acceso a la Información Pública debe ser designada dentro del plazo de cuatro meses a contar desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.